Desde 1985 a 2011 las reformas de las pensiones que se han practicado han significado recorte de derechos sociales y reducción de los salarios por distintas vías para engrosar las cuentas de los especuladores del sistema privado.

Banqueros, ex ministros y economistas que creen en el sistema neoliberal siguen lanzando mensajes a la población de que hay que disponer de un sistema privado de pensiones para garantizar la capacidad de gasto una vez de que la gente haya abandonado el mercado laboral. No se preocupan por generar empleo de calidad para garantizar el futuro del sistema público o de elevar la presión fiscal para disponer de los recursos públicos necesarios, pero prefieren trasladar miles de millones (casi 85.000 millones hasta setiembre) a los fondos privados de pensiones, que en los últimos veinte años se han multiplicado por veintiséis veces. Esa cantidad en manos privadas, por comparar su dimensión, es superior a la riqueza que genera Hego Euskal Herria en un año.

Dos datos importantes sobre las pensiones actuales y las futuras. El primero es que un 71,54% de los pensionistas actuales reciben un salario mensual por debajo del umbral de la pobreza, que en Hego Euskal Herria se encuentra en estos momentos en 1.030 euros. Hay pensionistas que fueron forzados a salir del mercado laboral por las reconversiones industriales. Cotizaron por encima de los 35 años y los 40 años pero no están percibiendo el 100% de la pensión que les correspondería, sino que sufren fuertes recortes que van del 35% al 40%.

El segundo elemento importante es que con la actual reforma que el Gobierno español y el Pacto de Toledo van a avalar se retrasa la edad de jubilación a los 67 años y se ampliará el cálculo de la pensión a los 20 años o más. Tendrá un efecto negativo sobre el empleo, pero a la vez el actual sistema de trabajo precario impedirá que quienes se incorporen al mercado laboral alcancen esos niveles para obtener pensiones dignas.

Ayer se conoció el dato de que en el tercer trimestre los contratos realizados por los empresarios vascos tuvieron una duración media de 53 días, aunque si se desglosa el mismo se obtiene que en las ocupaciones que concentraron mayor número de contratos, la duración de las contrataciones fue de 24 días para los empleos no cualificados y de 31 días para los trabajadores de servicios, con lo que la cotización a la Seguridad Social es muy reducida.

Cómputo de la jubilación

En 1985 se realizó la primera reforma en la que se varió el período de cómputo de la jubilación, que paso de dos a ocho años. Una vez que el Pacto de Toledo, en abril de 1995, tomó las riendas en materia de pensiones. En realidad, el mismo avaló y legitimó las políticas de ajuste realizadas desde 1985. Dos años después, en 1997, se aprueba la Ley de Racionalización y Consolidación del Sistema de la Seguridad Social. Todos esos cambios en doce años significan que el período mínimo de cotización para acceder a una pensión pasa de diez a quince años y se amplía el período de cálculo de la pensión de dos a ocho años. En 1997, se sitúa en quince años. Después en 2007, los ajusta a quince años exactos, porque antes contabilizaban las pagas extraordinarias.

Otra medida supuso la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social en 1997, lo que supone que casi la totalidad de las pensiones se financian con cotizaciones sociales, lo que a juicio de los expertos es exponer el sistema público a las oscilaciones del mercado. Sus defensores aluden a que así el Estado no puede utilizar ese dinero para todo aquello que no sea pensiones.

En este plazo se impulsaron los planes y fondos privados de pensiones, a partir de la ley de 1987. En 1995 se reforzó esa actuación en la Ley de Supervisión de los Seguros Privados, en el que se introducen deducciones fiscales para poder desgravar por esas inversiones. De esa manera, los fondos privados de pensiones representaban el 1% del PIB en 1990, pero pasaron a ser del 5% en el año 2000 y en la actualidad, en torno al 8%.

Posteriormente hubo modificaciones en la gestión de la incapacidad temporal, se impusieron restricciones en las jubilaciones anticipadas, etc.

Los acuerdos que se adoptan en el Pacto de Toledo han contado con el apoyo de CCOO y UGT, juntos o por separado. En la actual reforma de pensiones, en principio, rechazan elevar la edad de jubilación, pero todavía hasta la próxima semana no adoptarán una postura directa porque están negociando con el Gobierno español de manera privada. En este caso, Miren Etxezarreta, doctora en Economía por la London School of Economics, reconoce que «CCOO y UGT son cómplices directos de lo que está pasando desde el Pacto de Toledo».