Nadie puede negar a estas alturas los efectos negativos que el tabaco tiene sobre la salud, tanto de los fumadores como de las personas que inhalan su humo involuntariamente. En este sentido hay que subrayar también la amenaza extra que suponen los aditivos que contienen los cigarrillos comercializados actualmente, sustancias que las tabaqueras añaden al producto, que escapan al control de los consumidores y que los estados permiten pese a suponer una falta de transparencia que transgrede el derecho a la información de los consumidores y que puede afectar a la salud. Por último, la adicción que generan estas sustancias supone una dependencia insana, como toda dependencia que secuestre la voluntad de las personas. En resumen, resulta difícil justificar objetivamente este vicio que, sin embargo, como otros tantos vicios, supone un gran placer para quienes tienen este hábito.

Resulta lógico, por lo tanto, que los estados regulen el consumo de esta droga. Una droga que, no obstante, lleva el sello de garantía de ese mismo estado, que recibe una parte importante de cada gramo de tabaco vendido en forma de impuestos. Ahí está, probablemente, la primera y más elemental contradicción de los intentos por regular el consumo de tabaco: resulta muy difícil convencer a la población de las maldades de un producto que el estado se niega a prohibir por razones crematísticas.

Finalmente ayer entró en vigor en el Estado español la ley antitabaco, tras un día de moratoria que refleja una falta de seriedad impropia del Gobierno de un país desarrollado. Una de las críticas más profundas contra esta ley es que prioriza la perspectiva punitiva sobre la educativa, haciendo de la defensa de la salud un recurso retórico. Resulta significativo en ese sentido que desde la Administración se argumente en favor de «la ley más dura», no de una ley mejor. Siguiendo una tradición muy española la sociedad se divide entre defensores y detractores de la ley, dejando de lado los problemas mencionados y las posibles alternativas.