Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra se enfrentan a la petición de diez años de prisión realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Les acusa, según se leía ayer en los teletipos, de un delito de integración en organización terrorista por impulsar una «alianza independentista», que tenía por finalidad «llamar a la incorporación de formaciones políticas como Eusko Alkartasuna (EA), Aralar, Abertzaleen Batasuna (AB) y ELA al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado».

Los ocho, además de Rufi Etxeberria, fueron detenidos el 13 de octubre de 2009 en una redada contra los impulsores del cambio estratégico que se ha dado en la izquierda abertzale. Los procesados y otras personas trabajaban en el documento que Batasuna puso a debate entre las bases de la izquierda abertzale y que dio como resultado la resolución «Zutik Euskal Herria». La mayoría de los partidos y medios de comunicación reconocen en la actualidad que dicho debate y sus conclusiones son el germen de la esperanza que en estos momentos se vive en el país ante la posibilidad de importantes cambios en el escenario político.

«Bajo la dirección de ETA»

Según el Ministerio Fiscal, los ocho procesados constituían la «Comisión Permanente» de Bateragune y se reunieron al menos en diez ocasiones entre el 17 de abril de 2009 y el 13 de octubre, fecha de las detenciones. Desde entonces, hace ya catorce meses y medio, Otegi, Zabaleta, Rodríguez y Jacinto permanecen en prisión. Rafa Díez fue excarcelado pero tiene restringida su actividad política.

El escrito de la Fiscalía defiende en sus 21 páginas que ETA ha dirigido todas las actividades de Bateragune, que se encargaba de «coordinar» y asumir la «dirección política» del denominado «frente institucional», llevar la confrontación política «hasta el punto más álgido», presentando la violencia como «consecuencia del conflicto existente entre Euskal Herria y el Estado español», e impulsar una «mayoría social y política que hiciera posible la convergencia soberanista».

Pese a sostener que ETA dirigía todas las actuaciones de los procesados, el escrito de la Fiscalía -al igual que hacían los autos de Baltasar Garzón- recoge documentación que contradice dicha afirmación. De hecho, en un escrito que dicen que se titula «Komunikazio Orokorra», la organización armada vendría a mostrar su malestar porque no se hiciera caso a sus directrices, poniendo como ejemplo la apuesta electoral por Iniciativa Internacionalista. Según la traducción ofrecida por las fuerzas policiales, ETA también dejaría constancia en el documento de que «los diseños profundos y concretos del proceso democrático los concreta ETA (...). Todos los demás pueden ser diseños de los procesos democráticos sin ETA, no los de ETA».

La detención de los dirigentes independentistas provocó la reacción inmediata de los partidos y sindicatos, que convocaron una manifestación en Donostia exigiendo la libertad de los arrestados que fue una de las mayores que se recuerdan en la capital guipuzcoana. Pese a la redada, el debate en la izquierda abertzale siguió su curso.