La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) entiende como una «nueva victoria de ETA» el hecho de que se revelasen los nombres de los guardias civiles que fueron juzgados, y algunos de ellos finalmente condenados, por torturar a los ciudadanos vascos Igor Portu y Mattin Sarasola. «Ahora todos saben quiénes eran los que se dedicaban a investigar y detener a los terroristas», recalca esa asociación, según difundió ayer la agencia Europa Press.

Además, la UO acusa a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que fue quien juzgó y sentencio el caso, de haber «desarticulado» a un grupo de «expertos profesionales dedicados a la lucha antiterrorista» sin haber salvaguardado su identidad y permitiendo la difusión de sus identidades en una sentencia que se ha hecho pública. «El tribunal los ha quemado, incluso a los que han sido absueltos», añadía.

La sentencia que se hizo pública el pasado 30 de diciembre condenó a cuatro años y medio de prisión al sargento Juan Jesús Casas García; a dos años y medio al guardia civil José Manuel Escamilla; y a dos años de prisión a los agentes Sergio García y Sergio Martínez. El tribunal consideró probado que todos ellos cometieron un delito de torturas graves y lesiones en el marco de la operación en la que detuvieron a Portu y Sarasola. Otros once guardias civiles quedaron absueltos.

«Que se haga pública la identidad de quienes durante años se han dedicado a la lucha antiterrorista no sólo perjudica la eficacia del servicio, y por tanto el bienestar y seguridad de los ciudadanos, sino que pone en peligro la propia integridad de los guardias civiles», afirma la Unión de Oficiales.

A su juicio, «de seguir esa dinámica, los terroristas (...) sólo tendrán que denunciar, aunque sea falsamente, para que un proceso judicial identifique, queme y ponga en peligro a los guardias civiles que se dedican a la lucha antiterrorista o contra la delincuencia organizada». Esa interpretación contrasta con la realidad de los hechos ya que, en las escasas ocasiones que las denuncias de torturas dan lugar a una vista oral, los integrantes de las Fuerzas de Seguridad suelen comparecer facilitando únicamente un número de identificación profesional.

En la valoración de la que se hacía eco Europa Press, la UO también se dirige al Ministerio español de Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, al que acusa de «no haberse inmutado contra situaciones como ésta que ponen en peligro la vida de los guardias civiles».