El Parlamento llevará a la Fiscalía a quienes no acudan a la investigación
Las dos imputadas en el «caso De Miguel» que debían comparecer ayer en la comisión de investigación de la Cámara de Gasteiz también dejaron plantados a los parlamentarios. Ante este nuevo esquinazo, el Parlamento responderá fijando otra cita y llevará a la Fiscalía a quienes no acudan a la segunda convocatoria. Juanjo Agirrezabala aseguró no estar dispuesto a que se falte al respeto a la institución.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, dos de las administradoras de la empresa Kataia Consulting, no acudieron a su cita con la comisión de investigación del «caso De Miguel». Al contrario que Iñaki San Juan, al menos ambas remitieron sendas comunicaciones a la Cámara explicando las razones de su ausencia.
Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel, adujo que no había sido convocada por escrito, que sólo había recibido una llamada del presidente de la comisión. Ofreció una dirección para recibir cualquier convocatoria y anunció que, si es llamada a declarar, guardará silencio.
El abogado de Araceli Bajo remitió otro escrito al Parlamento en el que señalaba que ni ésta ni su marido, Aitor Telleria, acudirán a los llamamientos de la comisión al considerar que no tienen garantizada la presunción de inocencia y que partes del caso están todavía bajo secreto de sumario
Reunidos y sin nadie a quien preguntar, los miembros de la comisión de investigación decidieron volver a convocar a Bilbao y Bajo para los días 21 y 24 de este mes. En caso de que no acudan, pondrán el caso en manos de la Fiscalía, como harán también con Iñaki San Juan si no se presenta el 17 de enero.
Compatibilidad
El presidente de la comisión de investigación, Juanjo Agirrezabala, compareció ante los medios para, en primer lugar, desmontar las excusas de los ausentes. Señaló que la investigación parlamentaria -que pretende esclarecer responsabilidades políticas- y la judicial -que determinará las penales- son compatibles y así está recogido en la Ley. Añadió que en la comisión no se vulnerará ningún derecho de los declarantes, puesto que el objeto es proteger todos esos derechos.
A continuación, Agirrezabala se mostró rotundo sobre la actitud que mantendrá: «Mientras yo sea presidente de la comisión no permitiré que se falte al respeto a esta institución que es reflejo de la voluntad popular».
La comisión de investigación no tiene de momento conocimiento de más negativas a declarar. Las personas llamadas para la próxima semana, entre ellas la ex consejera de Cultura Miren Azkarate, ya han confirmado que han recibido sus respectivas citaciones y que acudirán al Parlamento.
«Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación (...) de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia».
El grupo parlamentario del PNV animó a comparecer y «declarar lo que estimen oportuno» a los convocados, «entendiendo la situación de indefensión pública de los imputados y las reticencias de los abogados ante hechos con incidencia penal».
Si la víspera «fuentes del EBB» se habían desmarcado de la actitud de los ausentes e incluso hablaban de «falta de respeto», el grupo parlamentario se mostró ayer mucho más comprensivo. Sus dos representantes en la comisión, Nerea Antia y María Eugenia Arrizabalaga, se presentaron ante la prensa con un comunicado escrito y poco proclives a ofrecer mayores explicaciones. Se marcharon dejando a los periodistas con una pregunta en la boca.
El escrito del PNV comienza solicitando a la mesa de la comisión que «en adelante sea especialmente cuidadosa en las citaciones a realizar, cumplimentando las garantías formales y los principios de seguridad jurídica que deben presidir dicho procedimiento». Criticando que «hasta el presente es más que evidente que no se ha procedido así». Sin embargo, no quisieron explicar qué garantías no se han ofrecido y se escudaron en «el secreto de las deliberaciones» para no aclarar si el PNV había detectado e intentado corregir esos defectos dentro de la comisión.
Desde antes de que arrancara la comisión, el PNV tiene la «convicción» de que «algunos grupos ya tenían redactadas las conclusiones» y «han pasado tres meses y se reafirma en la misma idea».
Las parlamentarias jeltzales dijeron «entender la situación de absoluta indefensión pública en la que se encuentran muchos de los imputados debido a todas las informaciones y filtraciones interesadas y juicios públicos paralelos que se están produciendo» y «las reticencias» de sus abogados. I.I.
El parlamentario del PSE Óscar Rodríguez apeló directamente a Iñigo Urkullu para que «dé la cara». Recordó que el presidente del EBB pidió a los imputados que entregaran el carné del partido y no lo han hecho, que dijo que eran los más interesados en la investigación y su grupo no apoyó la comisión, y que aseguró que no tenían nada que ocultar y sus afiliados no comparecen.
Carmelo Barrio, del PP, señaló que, si las ausencias son una estrategia, son «una estrategia equivocada» puesto que aumentan la sensación de que hay irregularidades.
Ambos denunciaron la falta de respeto a la institución que supone no acudir a sus llamamientos. I.I.
