A pocas horas de que eche a andar la manifestación que esta tarde recorrerá las calles de Bilbo en defensa de los derechos de las presas y presos políticos vascos, la iniciativa Egin Dezagun Urratsa seguía ayer recabando más apoyos, traspasando incluso el océano Atlántico y demostrando que la solidaridad no entiende ni de muros ni de fronteras.

La manifestación se prevé masiva y es que los autobuses organizados pueblo a pueblo mostraban ayer una asistencia muy alta. Son muchos los municipios que han doblado la cantidad de autobuses que organizan habitualmente para manifestaciones de este tipo e incluso ha habido pueblos, como Oñati, que no han podido ofertar más por que la compañía no contaba con más vehículos. A última hora de ayer, la iniciativa ciudadana preveía el desplazamiento de once autobuses desde Iruñerria, seis desde la capital alavesa, cinco desde Hernani y Orereta, cuatro desde Irun...

Aunque no acudirán a Bilbo, la diáspora vasca en Argentina, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay envió una nota en la que mostraban su adhesión a «tan importante manifestación pública en favor de los presos vascos». Como miembros activos de la red Independentistak de la diáspora vasca, explicaban que unen «su voz de denuncia en defensa de los derechos que les asisten a los más de 700 presos vascos», por lo que reclaman «que se ponga fin al cruel sistema penitenciario, expresamente diseñado para ellos».

De esta manera, la diáspora se compromete a seguir trabajando y «dando público testimonio de esta problemática en todos aquellos lugares que la diáspora vasca esté presente», así como a «duplicar nuestros esfuerzos militantes en la construcción de una República Vasca Independiente».

Por su parte, el sindicato CGT, además de denunciar «el castigo añadido que supone la dispersión tanto para la persona encerrada como para su familia y amigos», animó a secundar la marcha y a avanzar en la lucha «contra la crueldad, indefensión e injusticias que padecen las personas presas».

En la misma línea, Abertzaleen Batasuna (AB) señaló que defender los derechos que les asisten a los prisioneros políticos «es una obligación» que corresponde a toda la ciudadanía. Así, animó a secundar la manifestación para que el fin de la política penitenciara «traiga consigo el arranque de un nuevo ciclo».

Estos últimos apoyos se unen a las más de 5.000 adhesiones que ya han conseguido recabar los impulsores de esta movilización, entre quienes se encuentran la vencedora del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, Maialen Lujanbio, el profesor, periodista e investigador Darrin Wood o el actor Gotzon Sánchez.

Una nutrida representación de sindicatos, formaciones políticas y personalidades del mundo de la cultura, el deporte o la universidad participarán hoy en la manifestación que partirá a las 17.30 desde Aita Donostia. GARA, a través de su edición digital -www.gara.net-, ofrecerá un seguimiento en directo vía Twitter.

Pedraz ordena vigilar

Como suele ser habitual, la AVT, Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza habían reclamado la prohibición de la marcha con el argumento de que se podría incurrir en un delito de «enaltecimiento del terrorismo».

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz adoptó ayer la decisión de no prohibir la marcha a instancias de la Fiscalía, que no aprecia que «tras la convocatoria se encuentre ETA u otra organización terrorista a ella asimilada».

Tras recibir el informe del Ministerio Fiscal, que el juez suscribe, Pedraz destacaba en su auto que con los datos aportados por las FSE «no existen elementos o indicios» delictivos en la convocatoria, que pretende «una modificación de la política penitenciaria».

De los informes elaborados por la Policía española, la Guardia Civil y la Ertzaintza, el juez de la Audiencia Nacional concluye, sin embargo, que a causa de las «controvertidas adhesiones» que ha recibido la marcha -cita expresamente a Etxerat y al colectivo de presos políticos vascos-, ésta «puede ser aprovechada por esas otras organizaciones y/o personas o colectivos para otros fines ilícitos».

Por ello, el magistrado ha ordenado al Departamento de Interior de Lakua y a la Delegación del Gobierno español en la CAV que «adopten las medidas que se consideren necesarias para evitar la comisión de los hechos que pudieran ser considerados como delictivos».