Ares admite que el informe de Unesco Etxea se contrató después de hecho
El consejero de Interior ha admitido ante el Parlamento de Gasteiz que la contratación de Unesco Etxea para la elaboración del informe sobre las víctimas de la violencia del Estado se realizó meses después de que el trabajo estuviera ya en manos del Gobierno. Alega que el plazo de seis meses ofrecido por la Cámara forzó la situación, pero no explica por qué, entonces, el informe se presentó de todas formas con otros seis meses de retraso, en diciembre, y no en junio.
Iñaki IRIONDO
El consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, ha remitido una respuesta al Parlamento en la que admite que, tal y como adelantó GARA, el informe sobre víctimas de la violencia del Estado fue elaborado por Unesco Etxea y que su contrato oficial se realizó cuando el documento llevaba ya meses en manos del Ejecutivo.
El Departamento de Interior adjudicó el 23 de setiembre a Unesco Etxea el contrato para la «elaboración del informe de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia política». Sin embargo, para esa fecha ya disponía del documento. De hecho, según publicó este diario, en junio el Gobierno había remitido copia del mismo a algunos grupos parlamentarios, como el del PNV.
La Dirección de Víctimas del Terrorismo ya había realizado meses antes otro intento de contratación, que quedó desierto el 10 de mayo porque excedía del presupuesto máximo fijado en las bases, al pedir Unesco Etxea 55.770 euros más el IVA, cuando el tope era 55.770 con el IVA incluido.
El único cambio que se hizo para posibilitar la contratación posterior fue el de subir el precio límite adecuándolo a las exigencias de Unesco Etxea. Teniendo en cuenta que el IVA subió en julio del 16% al 18%, el coste final del informe fue de 65.808,60 euros.
Para llegar al plazo previsto
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, preguntó al consejero cómo era posible que el informe estuviera elaborado en junio cuando la adjudicación no se produjo hasta setiembre, y cuál fue el procedimiento de contratación utilizado.
Rodolfo Ares ha explicado que «el procedimiento de contratación seguido para la elaboración del informe fue el de concurso negociado restringido, por concurrir circunstancias que aconsejaban y posibilitaban su uso», por no superar la cuantía máxima que permite la ley y por la idoneidad del contratado para su elaboración.
Tras justificar el modelo de contratación, Ares explica que la Comisión de Derechos Humanos ofreció el 22 de diciembre de 2009 «un plazo reducido de seis meses para la presentación del informe ante el Parlamento». Por ello, el 18 de enero se decidió que la empresa adecuada era Unesco Etxea y, «a partir de esa fecha, los contactos mantenidos permitieron adelantar la elaboración de las tareas pertinentes, de manera que el trabajo pudiera estar finalizado en el plazo establecido, independientemente del momento concreto en el que se materializara la firma del contrato».
Al margen de la legalidad de formalizar los contratos después de estar hechos, lo cierto es que el informe no llegó al Parlamento en el plazo previsto, junio, sino todavía seis meses más tarde, en diciembre.
El pago de 65.808,60 euros por un informe de una treintena de folios de carácter general y sin excesivas concreciones ni elaboración teórica se antoja excesivo. Además, parece que del informe de Unesco Etxea se eliminó un listado de víctimas que exigía más trabajo y explicaría el precio.
Cuando el pasado 1 de diciembre las directoras de Víctimas del Terrorismo y de Derechos Humanos presentaron en el Parlamento de Gasteiz el informe sobre víctimas de la violencia estatal, incluyeron la recomendación de poner en marcha una ponencia para tratar de consensuar la forma de delimitar quiénes son los afectados en esta materia, así como acordar las fórmulas para su resarcimiento. La mayoría de los grupos mostraron su acuerdo con la creación de esta ponencia y el portavoz del PSE, Jesús Loza, animó a trabajar antes de que finalizara 2010.
Sin embargo, ya entonces, el representante del PP, Carlos Urquijo, manifestó que no había necesidad alguna de crear una ponencia parlamentaria y que ya basta con que sea el Gobierno autonómico quien establezca el procedimiento. En su posición hay un deseo político evidente de evitar que las víctimas de la violencia estatal puedan tener un rango equiparable a las denominadas víctimas del terrorismo.
El veto del PP ha sido suficientemente eficaz para impedir que los trabajos comenzaran en 2010 como decía querer el PSE y, de hecho, ya obligó a este partido a suprimir de los presupuestos autonómicos una partida simbólica de 1.000 euros que había consignado para las víctimas de la violencia del Estado. GARA
