El Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia aprobó ayer con los votos de PNV, EB y EA, la oposición de PSE, PP y Aralar y la abstención de Alternatiba e izquierda abertzale el dictamen de la comisión de investigación sobre la desaparición de 35.707 bonos de viajes adquiridos a la naviera P&O -gestora de la línea de ferry Pride of Bilbao-, que ha concluido sin encontrar responsables políticos y tampoco físicamente los billetes desaparecidos.

La resolución aprobada concluye que no existió perjuicio patrimonial para las arcas de la Diputación vizcaina, al contrario de lo señalado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que cuantificó las pérdidas en 9,7 millones de euros.

Desde la izquierda abertzale, Begoñe Agirre denunció la «mala gestión» que efectuó entre 1995 y 1999 el equipo de gobierno foral PNV-PSE que presidió José Alberto Pradera de este asunto. La apoderada criticó también que PP y PSE quieran situar la responsabilidad «exclusivamente» en los cargos jeltzales.

Agirre, por cierto, consideró «imprescindible» que la Diputación vizcaina convierta en normas para un correcto funcionamiento las recomendaciones recogidas en el dictamen, «para evitar que de aquí en adelante ocurran cosas semejantes».

Tras las elecciones

A la conclusión de la sesión, el diputado general, José Luis Bilbao, aseguró que la institución tendrá implementadas, «después» de las elecciones municipales y forales, las recomendaciones de la comisión de investigación para la custodia y control de documentos por parte de los servicios jurídicos forales.

Por su parte, el presidente de la comisión, el juntero de EA, Joseba Gezuraga, censuró que, en las personas que han pasado por el comité, «la mayoría responsables del PNV y PSE, y de los numerosos técnicos, ha habido amnesia parcial, pacto de silencio o ganas de no contarlo».