El primer juicio sobre la propiedad de las iglesias, ermitas y otros bienes patrimoniales había generado bastante interés mediático, pero la juez impidió que los periodistas pudieran acceder a la sala para hacer su trabajo, argumentando que no habían solicitado acreditación. Ello obligó a varios periodistas a acceder como «público» y a tomar notas a escondidas para no ser expulsados.

En el momento de iniciarse la vista oral, la misma juez expulsó de la sala a las personas que solicitaban más sillas o que querían seguir de pie el juicio. Alrededor de 40 personas se quedaron sin entrar, y mostraron su indignación con un escrito de queja que entregaron en el Palacio de Justicia de Lizarra.

El juicio también estuvo precedido por una llamada del Arzobispado para reclamar la presencia de la Policía en el juzgado «por si se producían situaciones tensas», así como por la advertencia de la juez de que no toleraría ningún tipo de alteración.

La vista oral comenzó con la declaración de Javier Aizpún, vicario para asuntos económicos y patrimoniales del Arzobispado, quien no aportó ninguna prueba sobre la propiedad de la ermita en disputa.

A continuación, el párroco de Garisoain, José Javier Bea, aseguró que la ermita es de la Iglesia, argumentando que «su destino es religioso» y que en ella se celebra una misa cada año. Preguntado sobre si le pagaban por dar esa misa, respondió: «Creo que no, yo diría que no».

También reconoció que la cofradía Nuestra Señora del Pilar, integrada por un grupo de vecinos que se encargan del cuidado de la ermita, no tiene personalidad jurídica propia.

La juez se interesó varias veces en saber quién tenía las llaves de la ermita. «Yo no las tengo. Algún cofrade las tendrá», fue la respuesta del párroco.

La secretaria de esta cofradía, María Josefa Gironés, también admitió que no tiene personalidad jurídica propia, y añadió que la llave de la ermita la tiene el presidente de la misma y que son los propios cofrades quienes se encargan del mantenimiento del pequeño templo.

Gironés aseguró que la parroquia de Garisoain es la propietaria de la ermita y que el Concejo «no tiene nada que ver» con ella, pero reconoció que se hicieron obras en ese edificio con parte de una subvención que el propio Concejo había pedido al Gobierno de Nafarroa para arreglo de las calles.

El anterior presidente del Concejo de Garisoain y miembro de la cofradía, Victorino Navarcorena, confirmó ese último dato, y pese a afirmar que «la ermita era de la parroquia», admitió que «el Concejo también hacía cosas».

El actual secretario del Concejo y vecino de Garisoain, Santiago Jiménez, recordó que su madre era la encargada de la administración de la ermita y que la cofradía no pedía permiso al párroco del pueblo para hacer obras en la misma.

«Es del pueblo, sin duda»

El anterior secretario del Concejo, Alvaro Calderón, fue quien aportó más datos sobre la pertenencia de la ermita al pueblo de Garisoain. «Se le llama cofradía, pero no existe como tal, y estaba tutelada por el Concejo. La ermita del Pilar siempre ha estado gestionada por vecinos del pueblo, y fueron los vecinos quienes la pintaron, arreglaron la campana y construyeron el murete que hay alrededor de la misma», testificó.

Junto a ello, aportó documentos de principios del siglo XIX que demuestran que la ermita era del pueblo y que no fue desamortizada porque no era propiedad de la Iglesia. Además, recordó que «las llaves siempre se tenían que dejar en el Concejo», que el párroco «no ha intervenido para nada» en los asuntos de la ermita y que la cofradía «sí le pagaba diez euros» por la misa anual que oficiaba en la ermita.

Preguntado sobre si era o no católico, Alvaro Calderón respondió de forma tajante: «Soy católico y estoy muy orgulloso de serlo. Y la ermita es del pueblo, sin lugar a dudas».

El primero en exponer las conclusiones finales fue el abogado del Arzobispado, Juan María Zuza, conocido por ser el defensor del ex consejero Antonio Aragón (PSN) cuando fue juzgado por asuntos de corrupción en el Gobierno de Nafarroa.

Zuza argumentó que el Arzobispado tenía inscrito desde el año 1981 el terreno sobre el que está edificada la ermita, y restó importancia al hecho de que posteriormente el Concejo llevase a cabo una reordenación parcelaria a la que el Arzobispado no puso ninguna objeción.

Este abogado llegó a decir que en este asunto «lo que importa no son los testigos, sino la prueba documental», y exhibió varios escritos, e incluso recurrió al Concordato con la Santa Sede, para intentar demostrar que la ermita es del Arzobispado.

«Lo quieren para especular»

Por su parte, el abogado del Concejo de Garisoain, Jerónimo Alvarez de Eulate, destacó en sus conclusiones finales que los vecinos «han hecho todo» respecto al cuidado de la ermita y que el párroco «no ha intervenido para nada».

En cuanto a las discrepancias entre los testigos sobre la propiedad de la ermita, las resumió diciendo que existe «una pugna entre cristianos, entre quienes dicen que sí quieren bienes terrenales y quienes dicen que no los quieren».

«Ha quedado de manifiesto que una parte de los vecinos cristianos no quiere que la Iglesia sea titular de estos bienes», agregó Alvarez de Eulate, quien concluyó su intervención con la tajante afirmación de que el Arzobispado quiere apropiarse de estos bienes para «especular».

El juicio quedó visto para sentencia tras casi dos horas de duración. Durante ese tiempo, miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro que no pudieron acceder a la sala de vistas se concentraron junto a la puerta principal del Palacio de Justicia de Lizarra con una pancarta que decía «Al pueblo lo que es del pueblo. Utzi pakean herrien ondarea».

Al término del juicio, el alcalde de Garisoain, Javier Iltzarbe, sacó la conclusión de que el Arzobispado «va claramente a conseguir la propiedad» de la ermita, y se mostró esperanzado en que la juez confirme que el propietario es el pueblo.

También salió satisfecho el abogado del Concejo, «porque ha quedado claro que las llaves de la ermita siempre las ha tenido una persona del pueblo, nunca el cura», a quien algunos vecinos le recriminaron que «había mentido».

«Diga lo que diga la sentencia -añadió un miembro de la plataforma- el Arzobispado ya ha perdido, porque ha demostrado que lo único que le interesa es la propiedad. Es indignante».