La allegada de Jon Anza Garbiñe Alkiza declaró ayer en la Audiencia Provincial de Donostia por su intervención en el acto final de la manifestación del 14 de marzo, por la muerte del militante de ETA, bajo la acusación de «haber injuriado a las Fuerzas de Seguridad del Estado». La encausada, que no accedió a responder a las preguntas del juez, relató ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital guipuzcoana «lo que ocurrió con Jon», porqué convocaron la manifestación y qué era lo que pedían.

En este sentido, volvió a repetir para el juez lo mismo que dijo en la marcha de Donostia: «Le trasladé nuestra inquietud por saber lo que ocurrió con Jon y cuáles son nuestras sospechas, que apuntan a que cuerpos policiales del Estado español tienen relación con lo ocurrido». Ahora la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa tendrá que decidir si la causa contra Alkiza proseguirá hasta llegar a juicio.

Manifestaciones de denuncia

Después de que el 11 de marzo del año pasado el cuerpo sin vida de Jon Anza apareciera en una morgue de Toulouse, en Intxaurrondo y en el centro de Donostia se realizaron sendas manifestaciones de denuncia los días posteriores. Alkiza, la convocante de las marchas, participó en el acto final de una de ellas leyendo un comunicado donde responsabilizaba a las FSE tanto francesas como españolas de su muerte. Partiendo del informe elaborado por la Ertzaintza el 14 de marzo tras la manifestación de Donostia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española no vio indicios de un delito de «enaltecimiento del terrorismo», pero sí «injurias a Fuerzas de Seguridad del Estado». Por tanto, inhibieron la causa penal a Donostia por el cual tuvo que declarar ayer.

No obstante, el Departamento de Interior de Lakua también abrió dos expedientes sancionadores contra la donostiarra -recurridas actualmente¯ que la obligan a pagar 1.000 euros por cada una, por «no respetar el plazo de solicitud de los permisos pertinentes» para la manifestación de Intxaurrondo, y porque durante la marcha nacional que recorrió las calles céntricas de Donostia se escucharon gritos como «la Policía tortura y asesina», «Rubalcaba asesino» o «Jon asesinado, PSOE responsable».

Dos vías para un mismo hecho

Concretamente, la causa penal abierta contra Alkiza tiene como base la misma acusación que la segunda sanción; es decir, actualmente hay dos procedimientos, uno administrativo y otro penal, abiertos contra ella por un mismo delito. Por tanto, una vez iniciada la causa penal y considerando que «según la ley no es posible castigar a una persona a través de dos vías por un delito», exigen que se retire la sanción administrativa.

Los vecinos de Intxaurrondo tienen claro que este hecho es un intento de los gobiernos español y francés de «acallar cuanto antes» las voces que reclaman la verdad sobre lo sucedido con el militante de la organización armada.

Miembros del movimiento pro amnistía, en una rueda de prensa celebrada a las puertas del juzgado, corroboraron que «los familiares de Anza y agentes políticos o sindicales de Euskal Herria, al igual que una gran parte de la sociedad vasca, apoyaba las declaraciones de nuestra vecina» y se reiteraron en su denuncia: «la muerte de Jon Anza fue consecuencia de la guerra sucia. Nuestro vecino fue objeto de una estrategia represiva bien diseñada».

Así las cosas, calificaron de «tremendo» el trabajo llevado a cabo por cuerpos policiales «para tapar esta denuncia». «Han retirado pancartas y carteles, han irrumpido en manifestaciones y están castigando continuamente a los ciudadanos que hayan participado en alguna protesta», denunciaron.

Se lamentaron de que «el Estado español siga por la vía de la represión, cuando aquí hemos abierto una nueva etapa». Aun así, advirtieron de que seguirán trabajando para que se aclare lo ocurrido con Jon Anza.