El Tribunal Constitucional italiano invalidó ayer algunos de los puntos esenciales de la polémica ley del legítimo impedimento, a la que el primer ministro, Silvio Berlusconi, se había acogido hasta ahora en repetidas ocasiones para no acudir a declarar en los procesos judiciales que tiene pendientes. Entre otras cuestiones, ha concluido que serán los jueces ordinarios los que decidan si Il Cavaliere puede suspender los tres juicios pendientes alegando «problemas de agenda».

La ley permitía hasta el momento a Berlusconi, inmerso en varios procesos, no tener que presentarse ante los jueces mientras presida el Gobierno.

Con su sentencia, el Constitucional abre la puerta a que se retomen los procesos en los que el primer ministro está imputado por corrupción judicial y fraude fiscal, conocidos como «caso Mills» y «caso Mediaset», que habían quedado suspendidos a la espera de este fallo. En ambos casos, Berlusconi se acogió a un «legítimo impedimento» para no comparecer.

A la espera de la sentencia conocida ayer, también había quedado suspendida la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si se enviaba a juicio al jefe del Gobierno italiano por apropiación indebida y fraude fiscal en el llamado «caso Mediatrade».

Pero el primer ministro sigue contando con un buen margen de maniobra, porque tanto Berlusconi como otros altos cargos puedan alegar «problemas de agenda por compromisos oficiales» para no presentarse y deja a discreción de los jueces ordinarios evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento que justifique la ausencia del mandatario y los ministros a las vistas. No vale ya la presentación, por inconstitucional, de un simple certificado de la Jefatura de Gobierno de ausencia justificada.

Con doce votos a favor y tres en contra, el Alto Tribunal puso fin al automatismo con el que los jueces debían aceptar el alegato del legítimo impedimento, siempre que el compromiso estuviera relacionado con las funciones del Gobierno, y que permitía aplazar una vista hasta seis meses.

Reconoce, sin embargo, como razones válidas la participación en las reuniones del Ejecutivo, en los encuentros entre el Estado y las regiones, las cumbres internacionales y en todo tipo de reuniones preparatorias o esenciales para ejercer la función de jefe de Gobierno.

Pese a esta sombra, el dictamen puede considerarse un nuevo revés al primer ministro italiano, como señaló la portavoz del opositor Partido Democrático (PD), Anna Finocchiaro, que dijo que «ha saltado la base de la ley».

Desde Futuro y Libertad (FLI), el diputado Fabio Granata expresó su deseo de que el primer ministro no vuelva a arremeter ahora contra la magistratura, a la que en numerosas ocasiones ha tachado de ser un órgano de la izquierda.

En contraste, los abogados de Il Cavaliere opinaron que la base general de la norma ha sido reconocida como «válida» y «eficaz» y por ello se mostraron «satisfechos», aunque criticaron que con su decisión la Corte puede entorpecer la labor de Gobierno.

Audacia

Osvaldo Napoli, vicepresidente del grupo del PDL, el partido de Berlusconi, en la Cámara de Diputados, lamentó que el primer ministro deba ahora «emplear su tiempo en explicar por qué no tiene tiempo de acudir al tribunal». «Poncio Pilatos habría sido más audaz», señaló.

La evidencia de que esta sentencia tiende a satisfacer a todo el mundo es que cuatro miembros del movimiento anti-Berlusconi Violeta descorcharon una botella de champán para celebrar la «victoria».

Con esta resolución, Berlusconi ve como se debilita el «escudo judicial» concebido de forma temporal (se aprobó por un período de 18 meses el pasado abril) a la espera de que el Parlamento diera luz verde una nueva Ley Alfano, la ley que otorgaba inmunidad a los máximos altos cargos del Estado y cuyo primer texto fue invalidado en octubre de 2009 por el Constitucional.

La aprobación de un nueva Ley Alfano se presenta ahora más complicada, ya que Berlusconi ha perdido la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados, como quedó patente el 14 de diciembre cuando logró salvar una moción de censura in extremis con el apoyo de algún diputado de la oposición, en medio de una sonada polémica sobre la eventual compra de votos.

A estas complicaciones se suma la posibilidad de que la decisión de derogar la norma del legítimo impedimento sea some- tida a referéndum, después de que el Constitucional considerara el miércoles legítima la celebración de un plebiscito a este respecto. La consulta está ahora en manos de la Oficina Central del Tribunal Supremo.