Hay que trabajar más, más años y cobrar poco. Así se saca un país adelante. Por eso los trabajadores, pensionistas y parados tienen que entender que la miserable precariedad que les imponen responde a un mensaje mesiánico para salvar no se sabe qué patria ni qué país. La de la clase trabajadora, desde luego, no. La de los banqueros y empresarios, sí. Tal vez algún día, dentro de mucho tiempo, se decidan a crear empleo y es bueno esperar a la puerta del amo para no perder la oportunidad de ser esclavo del capital. Estoy harta de este discurso, de quienes lo crean y propagan, y aún más de quienes lo aceptan como si fuera una heroicidad en tiempos de guerra. Lo que no aclaran es que los ajustes no afectan a toda la sociedad por igual. Que ellos, los que imponen las reformas sociales y laborales están exentos de colaborar en el «sacrificio» que tanto exigen a la ciudadanía que, pagando impuestos, sufraga sus actuales sueldos y sus futuras pensiones. Si se aprueba la reforma de pensiones, la clase trabajadora tendrá que comenzar a cotizar a los 24 años para completar los 40 obligatorios que le darán derecho a cobrar una pensión igual a la media de los salarios de los últimos 20 años. Por el contrario a los miembros del Congreso o del Parlamento Vasco les bastará con menos de ocho años de trabajo institucional para acceder a la pensión máxima que hoy se sitúa entre 35.000 y 40.000 euros anuales. Si todavía existe algún trabajador vasco que duda en secundar la huelga del día 27, será porque vive en otra galaxia o porque es de derechas, que, siendo trabajador, es lo peor que se puede ser.