El presidente de Túnez, Zine al Abidine ben Ali, intentó ganar tiempo hasta el último momento para aferrarse al poder, pero ayer tuvo que darse a la huida. Trató de aplastar por la fuerza las protestas que comenzaron a mediados del pasado diciembre, provocando numerosos muertos, pero tras comprobar que no remitían y quedaba en evidencia su debilidad política, cambió de táctica y probó con sucesivas promesas de democratización: acabar con la corrupción y el paro, bajar los precios, no presentarse a las próximas elecciones, y ayer mismo destituyó al Gobierno y anunció elecciones para dentro de seis meses. Pero era tarde. El enfado popular era creciente, como la debilidad del presidente, y la represión seguía cobrándose víctimas.

En la crisis tunecina ha resultado atronador el silencio de París, un silencio que explica una actitud inaceptable, sobre todo en quien tradicionalmente ha hecho gala de ser el gran defensor de los derechos humanos. Claro que su preocupación en el Magreb no son las condiciones políticas y sociales de los habitantes, sino sus intereses económicos y geopolíticos. El presidente tunecino dirigía un régimen antidemocrático, corrupto y vulnerador de derechos fundamentales, pero era el testaferro de esos intereses de París en el país. Por eso no era de extrañar el silencio ante los desmanes de Ben Ali, cuando no su justificación, por parte del Gobierno y los principales partidos franceses, generalmente con la socorrida excusa de la seguridad frente al islamismo. Sólo ayer París rompió su silencio e instó a Ben Ali a a proseguir con sus promesas de apertura política.

Se abre una nueva etapa en Túnez, tras otra caracterizada por la corrupción y la miseria a la que estaba condenada gran parte de la población. Está por ver si la incertidumbre da paso a una nueva etapa que transcurra por caminos democráticos y de justicia social, como exige el hartazgo de los tunecinos, que han demostrado no estar dispuestos a aceptar cualquier promesa.