La empresa Hidrocantábrico construyó su central térmica a sólo 500 metros de las viviendas más cercanas de Castejón, cuando la ley establecía un mínimo de 2.000 metros. Esta plataforma vecinal presentó un recurso y el TSJN le dio la razón en dos ocasiones. El Gobierno de UPN recurrió ante el Tribunal Supremo, pero antes de que emita su sentencia ha elaborado un PSIS que permite a Hidrocantábrico «legalizar» su planta.

¿Qué valoración hace de esta actuación del Gobierno de UPN?

No ha sido ninguna sorpresa. Es lo que ya anunciaron en su día que iban a hacer, que es modificar la norma para amoldarla a un proyecto que quieren sacar a toda costa. Además, lo presentan como si fueran a construir una nueva central térmica, cuando en realidad ya está construida y se declaró ilegal. Y la declaración de impacto ambiental está recurrida, y la autorización ambiental integrada está declarada nula por el TSJN.

Entonces, ¿para qué sirven las leyes medioambientales, si luego no se cumplen?

Lo que ocurre es que el poder político hace una utilización de esas leyes según le conviene.

¿Van a seguir recurriendo?

Esperaremos a que publiquen ese PSIS y, si hay que recurrirlo, se recurrirá. Pero no hay que olvidar que cuando se construyó esa central térmica, el PSIS fue declarado nulo, y ahora estamos a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso que presentó el Gobierno de Navarra. Han pasado cerca de tres años y este tribunal ni siquiera se ha movido todavía.

¿Aprobar un nuevo PSIS cuando se está pendiente de la sentencia del TS supone burlarse de las decisiones de los jueces?

Totalmente. A los políticos les encanta repetir cuarenta veces al día que vivimos en un Estado democrático y en un Estado de derecho. Pero para ellos se trata de un Estado de derecho maleable. Es decir, adaptan la legislación a los intereses del poder dominante en cada momento. Cuando ese Estado de derecho les dice que no tienen autorización legal para construir esa central, entonces modifican la norma y se saltan las resoluciones de los jueces.

Ya han transcurrido casi tres años desde que el Gobierno de Nafarroa presentó ese recurso.

Cuando la administración de Justicia está anquilosada y no resuelve los procedimientos después de cinco, ocho o diez años, ¿qué valor tiene?, ¿dónde está la eficacia de una Justicia que no es rápida? ¿De qué sirve obtener dentro de quince años una resolución definitiva que te dé la razón cuando ya nada se puede hacer? Podemos llegar al absurdo de que nos den la razón en todo, que digan que la central térmica era ilegal, que no debió construirse, pero no por ello ha dejado de construirse ni ha dejado de funcionar y de contaminar. ¿Dónde está, entonces, la defensa jurídica de los intereses del ciudadano? En ningún lado, evidentemente. Lo que existe en realidad es la protección del gran poder económico y del poder político.

¿Qué efectividad puede tener una hipotética sentencia que ratifique la ilegalidad cometida por Hidrocantábrico?

La sentencia que nos da la razón dice que el procedimiento fue nulo, puesto que el PSIS bajo el que se construyeron esas centrales no respetaba la legalidad vigente, y lo mismo ocurría con la autorización ambiental integrada. Eso significa que todo lo que se hace con posterioridad a ese expediente no es conforme a la legalidad. Entonces, lo que hacen es crear una nueva ficción legal, una nueva norma bajo la que desarrollan un nuevo proyecto, como si fuese algo totalmente nuevo. Pero estamos hablando de una central que ya está construida. Lo que hacen es auténtica magia jurídica. Elaboran un nuevo procedimiento pero partiendo de una construcción que es ilegal, y que ahora la adecúan a una nueva legislación. Eso me recuerda a otros procesos ya vividos.

¿Se refiere a Itoitz y Larra, en los que se modificó la ley para adaptarla a unos proyectos que eran ilegales? ¿Cree que existe un paralelismo con esos casos?

Claro. Y encima dicen luego que ya no existe daño medioambiental. Nos están tomando por estúpidos. La preocupación por las políticas medioambientales de los diferentes gobiernos es auténtico papel mojado.

¿Y qué van a hacer ahora?

Jugaremos con sus cartas, con las únicas que se pueden jugar. Hasta ahora lo hemos hecho y hemos ganado. Ahora cambian las normas para adecuarlas al proyecto, y no por eso vamos a dejar de seguir peleando. Primero esperaremos a que el Supremo resuelva el recurso de casación del Gobierno de Navarra.

Jaime Ignacio Del Burgo es consejero de Hidrocantábrico. ¿Cree que ha sido decisivo?

Al inicio de este proceso ya dijimos que Del Burgo era consejero de Elerebro, la empresa promotora de Hidrocantábrico, es decir, la que le ha conseguido los terrenos. Lo que nosotros hemos denunciado siempre es que las implicaciones políticas y económicas de estos proyectos eran más que evidentes, tanto del PP o UPN como del PSOE. Y eso es algo que mantenemos.

El grado de influencia que Del Burgo haya podido tener en todo esto es indemostrable, y no podemos decir más que lo que es un hecho real y constatado. En concreto, cuando se llevaron a cabo esos proyectos, en 2000, el PP gobernaba en el Estado y UPN en Navarra. Las vinculaciones entre ambos han sido evidentes durante mucho tiempo, y el PSOE también tiene las suyas. El alcalde de Castejón, Javier Sanz Carramiñana, fue elegido senador por designación de comunidad autónoma cuando se estaban construyendo las centrales. Y sigue siendo senador, porque sustituyó a Carlos Chivite tras su fallecimiento.

La plataforma interpuso una querella contra Sanz Carramiñana por supuesta prevaricación, en concreto por establecer una contribución urbana fija con Elerebro. ¿En qué situación se encuentra?

Esa es otra de las cosas curiosas que están ocurriendo. Esa denuncia la presentamos hace varios meses y todavía no sabemos si le van a dar curso o no. Si no hay fundamento para la denuncia, que nos digan que los hechos que denunciamos no suponen ningún delito.

Pero lo que no se puede hacer es tardar meses en resolver una cuestión tan fácil como esa, tan fácil que se amparaba en una sentencia del Tribunal Administrativo de Navarra que decía que el acuerdo que firmó el alcalde de Castejón era nulo porque no tenía competencias para ello, ya que corresponden a la Hacienda Foral.

Un ayuntamiento no puede establecer un importe fijo de contribución durante veinte años, porque en ese tiempo pueden ocurrir vicisitudes.