Hemos llegado a un punto tal de cansancio político, agotamiento ideológico y paralización social que se necesita y, aun se reclama, un golpe de timón para seguir viviendo en los niveles mínimos de esperanza vital y para no estar abocados por los decretos políticos, las sentencias judiciales y por el atontamiento de los medios audiovisuales al estrangulamiento popular y al suicidio personalizado.

Se hace referencia como primera transición al periodo histórico en el que España dejaba atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco, pasando a regirse por una Constitución que consagraba un teórico Estado social, democrático y de Derecho. Respecto a la duración de esta transición, se suele enmarcar desde la proclamación de Juan Carlos I como rey de España el 22 de noviembre de 1975 y la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978.

Esta primera transición dejó intacto el legado franquista. No se pudo poner en entredicho el conjunto legal ni judicial de la dictadura. Nadie exigió la condenación del terrorismo de Estado del nazismo español para formar parte de los partidos políticos democráticos ni para acceder a los cargos políticos del nuevo régimen. Más aún, no se pudo señalar geográficamente el lugar en el que se habían fraudulentamente inhumado los asesinados en la guerra civil ni se permitió la creación de una asociación de víctimas de la guerra civil.

Esta primera transición como lo demostró la segunda ni fue modélica ni consolidó un estado social, democrático y de derecho. Comenzaba la segunda transición y con ella la más larga etapa constitucional de la historia de España.

La actuación cívico-militar del 23 de febrero de 1981, fue un intento aparentemente fallido de golpe de Estado perpetrado fundamentalmente por algunos mandos militares. El episodio más conocido fue el asalto al Congreso de los Diputados por un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.

Ante la situación de ingobernabilidad del país, el Rey decidió cambiar de presidente de gobierno, al margen de la Constitución, puesto que tenía poderes para ello. Llamó a Suárez al Palacio de la Zarzuela y al ser éste introducido a su presencia, lo encontró en compañía de los Capitanes Generales de Valencia, Valladolid, Sevilla y Zaragoza. En el Palacio de la Zarzuela se proyectó una operación posterior a la dimisión del presidente Suárez.

Algo se cocía en el ambiente del día 23 de febrero cuando esa misma tarde, los hijos de los reyes salieron del colegio una hora antes de lo normal, para dirigirse con su madre a Barajas y embarcar para Londres.

A las 6,30 de la tarde, Tejero, realizaba la operación de la toma del Congreso de los Diputados, perfecta por su precisión y su carácter incruento.

La tardía negativa del Rey a apoyar el golpe así como la actuación de desbandada de los políticos más significativos del momento, significó que el golpe de Estado fuera intervenido, pero no abortado, dejando viva la criatura dentro del cuerpo político y de las fuerzas económicas, religiosas y militares del Estado.

Las gestiones personales del rey realizadas aquella noche aseguraron la ambigua fidelidad de los mandos militares y de las fuerzas económicas pero no se aclararon las contrapartidas ofrecidas en la práctica a la aparente sumisión.

La consecuencia más destacada del golpe militar fue la inauguración de una nueva transición basada en un proceso de involución autonómica con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

Se abrió un juicio contra los responsables del golpe ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, pero la trama civil del golpe nunca fue investigada de modo riguroso. Asimismo, aun no se ha aclarado el papel desempeñado por el CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia.

La dinámica implantada por esta segunda restauración ha debilitado durante estos treinta años la democracia, el ejercicio del poder político y ha potenciado el protagonismo de los poderes no controlados por la democracia como el económico, el religioso y el judicial.

Por lo tanto un cambio de timonel y de rumbo se ha hecho necesario ante esta crisis sistémica.

Los historiadores que hablan de la sucesión de ciclos A y B, centrípetos y centrífugos, de dictadura y democracia, nos alertan de la llegada inminente de una etapa de concentración del poder y de recortes traumáticos a una orgía de desvaríos económicos, ideológicos y culturales.

La situación actual se está haciendo insostenible. Ya se habla abiertamente y sin tapujos de una generación juvenil perdida, de una emigración numerosa de talentos al extranjero, de un aumento geométrico de la pobreza y de una década de postración.

Y no todo se centra en la crisis económica sino que se ha expandido la depresión a los aspectos más íntimos del entramado social.

Y en este panorama global, se necesita urgentemente una reacción, y en el ámbito español iniciar una tercera transición en base al decálogo siguiente:

Primero: la necesidad de asentar una verdadera democracia en España, sobre todo, en los medios que se deben tomar para afrontar la crisis económica que ya padecemos y que se va prolongar en el próximo lustro.

Segundo: La perentoriedad de un nuevo texto constituyente que atienda la pluralidad nacional, el plurilingüísmo y la pluriculturalidad en línea con la política confederal, porque el federalismo de las autonomías ha sido insuficiente.

Tercero: La depuración de los métodos de elección democrática y de renovación de los tribunales de justicia especialmente del Tribunal Constitucional.

Cuarto: La superación de esa indecisión persistente con una elección democrática de la forma de gobierno republicana o monárquica.

Quinto: La solución del engarce de los pueblos catalán, gallego y vasco en las instituciones del Estado.

Sexto: La necesidad de abortar y erradicar la aplicación de la tortura en las fuerzas de seguridad del Estado y de llevar a la práctica el cumplimiento del derecho de reinserción familiar y social de los condenados en las cárceles españolas.

Séptimo: Aclarar internacionalmente la laicidad del Estado español ya que a pesar de que la Constitución Española reconoce el carácter aconfesional del Estado, la relación entre la Iglesia Católica y el Estado español se rige en la práctica por unos acuerdos firmados en los años 70, que condicionan numerosos aspectos jurídicos, económicos, educativos y culturales e infravaloran el papel de las religiones presentes en la sociedad española por su reconocido arraigo.

Octavo: La necesidad de dar carta de ciudadanía completa a la necesaria inmigración que la sociedad española necesita y dada su escasa demografía va necesitar mucho más en el inmediato futuro.

Noveno: Ante el final de ETA lo mismo que sucedió ante el final de la dictadura franquista ni las víctimas del terrorismo ni las asociaciones de víctimas tanto de la guerra civil como de ETA tendrán protagonismo político alguno ya que este papel lo debe ejercer únicamente el Estado de Derecho.

Décimo: En la democracia actual española (como en todas las democracias europeas y occidentales) el único camino para acceder al Estado de Derecho es la participación ciudadana, sin exclusión y con libertad, en los partidos políticos, por lo que no hay posibilidad de que una mayoría política o judicial pueda cerrar el paso a que una minoría tenga cegada la participación si es que cumple las leyes generales que se dan para todos los partidos políticos.