Aralar dejó ayer la comisión de investigación del «Caso Miñano» en protesta por las «continuas y constantes filtraciones» de sus trabajos que se están produciendo a determinados medios de comunicación. Su portavoz, Mikel Basabe, recordó que los trabajos de la comisión son secretos, que los parlamentarios tienen la obligación de guardar secreto sobre los mismos y que no hacerlo constituye un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal.

Basabe destacó que a los ciudadanos llamados a declarar a la comisión de investigación se les conmina a cumplir con su obligación o en caso contrario se pongan los hechos en conocimiento de la Fiscalía, actuación que le parece bien a Aralar; pero criticó que después sean algunos parlamentarios quienes no cumplan con sus obligaciones e incurran en delitos.

A su entender, «se deja a los comparecientes en una situación muy precaria: si no vienen se les pone en manos del fiscal y si vienen se sabe lo que dicen».

Mikel Basabe denunció que «alguno se ampara en la presencia de todos los grupos en la comisión de investigación para incurrir en delito y entendemos que con ello se ataca la buena imagen de este Parlamento, que es incapaz de cumplir su propio reglamento. Se pone en entredicho la responsabilidad política y nosotros no estamos dispuestos a colaborar con ello».

Exponiendo estas razones, Aralar ha dejado los trabajos de la comisión de investigación, a la que dice estar dispuesta a volver en cuanto se ponga coto a las filtraciones.

Aplazar hasta las elecciones

Aralar ya había anunciado el pasado viernes en el seno de la comisión su intención de abandonarla en caso de que siguieran produciéndose filtraciones sobre sus trabajos.

En esa reunión, el representante de Aralar había propuesto aplazar las labores de la comisión hasta después de las elecciones municipales y forales de mayo. La propuesta fue apoyada -«con entusiasmo», según algunas fuentes- por las dos parlamentarias del PNV. Sin embargo, el resto de comisionados se mostró contrario.

Fue después de este revés cuando Aralar hizo el anuncio que cumplió ayer.

Sorpresa del presidente

El presidente de la comisión de investigación, Juanjo Agirrezabala (EA), reconoció ayer que ha habido filtraciones del trabajo elaborado en sede parlamentaria y que son «denunciables», pero se mostró«sorprendido» porque Aralar abandone esta comisión, cuando no mostró la misma conducta en el «caso Margüello», en el que ha habido «muchas más filtraciones» y no adoptó una decisión similar.

La comisión de investigación del «Caso De Miguel» está teniendo un desarrollo muy accidentado. El arranque de sus trabajos ha estado marcado por las ausencias de algunas personas llamadas a declarar. Algunas de ellas adujeron que no habían sido debidamente convocadas. En cualquier caso, cuando el Parlamento mostró la firme determinación de remitir a la Fiscalía estas incomparecencias, por si fueran constitutivas de delitos, los citados comenzaron a acudir aunque se acogieran a su derecho de no declarar.

Ayer le tocó el turno a Iñaki San Juan, ex concejal del PNV en Leioa y administrador de la empresa Errexal SL, quien dijo que no acudió a la cita del 3 de enero porque no había recibido una «citación fehaciente». Adujo que recogió el burofax remitido por la comisión el 4 de enero en la oficina de correos de Amurrio.

Iñaki San Juan denunció la «vulneración del derecho a la intimidad» que supone que se hayan hecho públicos los nombres de las personas llamadas a declarar, con excepción de un funcionario del Departamento de Cultura que asesoró a la comisión en cuestiones de procedimiento sobre la adjudicación de contratos.

En un comunicado entregado a los periodistas, asegura que «tanto mi persona, Iñaki San Juan, como la empresa de la que soy administrador, Errexal S.L., estamos sufriendo las graves consecuencias del comportamiento de la comisión de investigación, que obedece a cálculos estrictamente electorales y no al objetivo de esclarecer la verdad, para lo que existe desde hace aproximadamente un año, ya un procedimiento judicial abierto en el que, no estando imputados, hemos colaborado reiteradamente».

Iñaki San Juan ha puesto su caso en conocimiento de la oficina del Ararteko.

El presidente de la comisión Juanjo Agirrezabala, explicó que a San Juan se le remitió un burofax para que compareciera ante la sede parlamentaria el día 23 de diciembre, y otro el día 4 de enero. En cuanto a la preservación de su intimidad, señaló que como no respondió a las citaciones ni a las llamadas telefónicas, no solicitó que se adoptaran medidas en ese sentido, al contrario de lo que hicieron el funcionario del Departamento de Cultura y dos agentes de la Ertzaintza implicados en un presunto caso de espionaje. Por ejemplo, la comparecencia de los agentes se producirá mañana fuera del Parlamento.

Queja de otra compareciente

Por su parte, el abogado de Iratxe Gaztelu-Urrutia, que compareció ante la comisión el pasado miércoles, 12 de enero, ha remitido un escrito a la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, por haber comprobado, «con gran desagrado y preocupación» que los periódicos «El País» y «El Mundo» «reflejaban claramente que alguno de los miembros de la comisión había quebrantado su obligación de guardar secreto de lo tratado».

El abogado -que remitió su escrito a los medios- considera que el contenido de esas noticias es «totalmente falaz y malintencionado» y denuncia que «perjudican gravemente el honor de mi defendida» y «que pueden complicar su derecho de defensa». Por todo ello, transmite su queja a la presidenta de la Cámara para que la remita al de la comisión.