Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Gasteiz, a la que ayer tuvo acceso Efe, da la razón a esta trabajadora que demandó a la administración autonómica por no permitirle entrar al trabajo más tarde de las 9.30.

La funcionaria denunció que, aunque el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos está reconocido en la normativa, la Dirección de Relaciones Laborales de Lakua emitió una circular en la que no permitía que la entrada al trabajo fuera más tarde de las 9.30. Esta circunstancia, según la demandante, impedía que pudiera llevar al colegio a su hijo, ya que ambas horas coinciden.

El juzgado reconoce el derecho de la funcionaria a flexibilizar su jornada laboral para que pueda entrar al trabajo a las 10.15, en lugar de a las 9.30, para poder llevar a su hijo al colegio.

La sentencia recuerda que el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Gobierno de Gasteiz dice que el personal con hijos menores de 12 años dispondrá durante el período escolar permiso para retrasar la entrada hasta las 9.30.

No obstante, el juzgado recuerda que un funcionario puede elegir en principio la parte de jornada a deducir, decisión que, «de no existir obstáculos», vinculará a la administración cuando no dificulte la organización del trabajo en la unidad en la que ejerce su labor profesional.

En este sentido, la sentencia añade que la administración demandada no ha expuesto ningún impedimento de este tipo. Señala que la elección horaria de la funcionaria es el «único medio que ha encontrado para conciliar su vida laboral y familiar», derecho, subraya el juez, protegido por la Constitución.

Afirma que debe tenerse en cuenta que la administración tiene en su poder «suficientes mecanismos como para conseguir soluciones adecuadas que den respuesta al problema de organización puntual que una petición de reducción de jornada puede plantear, mientras que la funcionaria suele carecer de tales opciones». «No bastan en consecuencia argumentaciones meramente teóricas ni soluciones estereotipadas o abstractas para denegar la petición efectuada», concluye.

Por otro lado, el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, defendió la experiencia piloto de `teletrabajo' que se puso ayer en marcha en el Departamento de Justicia y Administración Pública de Lakua, la cual supone, según dijo en RNE, «una oportunidad para mejorar la productividad» de los empleados públicos que voluntariamente decidan acogerse a este nuevo plan y nunca una excusa para que éstos puedan eludir sus responsabilidades.

«Se puede producir cierta controversia al pensar que los empleados públicos tienen más oportunidades para `escaquearse', pero no hay nada más lejos de la realidad», manifestó.