El mayor escándalo en la Hacienda foral de Bizkaia, que se destapó en 2002, consistió, según consta en la demanda de la Fiscalía vizcaina, en el presunto apoyo que el ex subdirector Juan Ramón Ibarra habría ofrecido a al menos 209 importantes contribuyentes, tanto personas físicas como sociedades mercantiles, para no ser investigados a nivel fiscal. A cambio, habría cobrado 337.000 euros «como mínimo», que el imputado los atribuye a una ayuda que le ofreció su padre, ya fallecido, «en un sobre con billetes de 500 euros, de los que no dije nada al resto de la familia en ese momento». Los devolvió también en un sobre.

La acusación solicita once años de cárcel y una multa de 801.600 euros para el ex jefe de la Inspección Fiscal por la presunta comisión de cinco delitos, entre los que se encuentran los de falsificación, prevaricación y cohecho. También imputa a tres funcionarios, Joaquín Tebar Morcillo, José Luis Silvestre López y María Valvanera Canal por supuestos delitos de «falsificación, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos». Les reclaman ocho años de cárcel y multas de hasta 24.000 euros a cada uno.

Este grupo de 209 protegidos, según confirmó ayer mismo Juan Ramón Ibarra, es heterogéneo, y aunque una vez que saltó el escándalo se les relacionó con el PNV directamente, sin embargo los abundantes nombres llegaron a contribuyentes importantes relacionados también con el PP y otros partidos. De ese total, 115 eran contribuyentes confidenciales. En este caso, llamó la atención que el ex subdirector de Inspección de la Hacienda de Bizkaia confirmara en una de sus intervenciones que «levanté actas a un contribuyente protegido por valor de 1.500 millones».

El juicio arrancó ayer y se desarrollará durante dos meses. En la primera sesión, Juan Ramón Ibarra no terminó su declaración, dado que todavía le resta contestar a las preguntas de su abogado, algo que se producirá en la jornada de hoy. En este primer contacto con el tribunal, trató de sembrar muchas dudas del buen funcionamiento de la administración tributaria y dejó abierta la hipótesis de que quienes estuvieron por encima de él son más culpables.

Señaló que ese listado de contribuyentes que habrían sido favorecidos a cambio de determinadas cantidades económicas era de dominio público en la Hacienda de Bizkaia, aunque «sólo» su director, Javier Muguruza, tendría la potestad de intervenir sobre ellos. Quedó en cuestión, sin embargo, que no lo utilizase de forma perversa él mismo, como fija la acusación de la Fiscalía, dado que, como dijo, «no tenía que dar explicaciones a nadie». Por el contrario, restó responsabilidad a los otros tres imputados «porque atendían a los requerimientos que yo les hacía como jefe inmediato».

Diputados generales

El letrado de la defensa de Juan Ramón Ibarra trató, sin éxito que se retiraran las demandas de la Fiscalía de Bizkaia, y consiguió, sin embargo, que se cite al diputado general José Luis Bilbao y a su antecesor Josu Bergara para que comparezcan y expliquen, sobre todo el actual, por qué la Diputación de Bizkaia se ha apartado del proceso judicial, según una decisión que se adoptó hace casi un año. El presidente de la Audiencia de Bizkaia, Juan Pablo González, no aceptó que compareciera José Alberto Pradera, indicando que su mandato fue bastante anterior a que saltara el escándalo.

En su declaración en la Sala, el ex subdirector de Inspección de la Hacienda de Bizkaia reconoció que creó el listado, denominado 0052, en el que aparecían los 209 contribuyentes importantes y explicó que si cualquier otro departamento de la Hacienda foral reclamaba algo de cada uno de ellos, saltaba la alarma para advertirle, como «se había diseñado en la sociedad pública Lantik». Este listado se creó por una decisión personal «para estar informado» y porque, según destacó, «era un instrumento de trabajo». De esa lista, había 115 contribuyentes confidenciales cuyas identidades estaban protegidas.

Ibarra destacó que en la Administración de Hacienda de Bizkaia se conocía «la existencia de la lista» y, en todo momento, disculpó a los otros tres imputados subordinados suyos, pero admitió que ninguno de sus superiores obligó a eliminar ese listado. Todo lo contrario, porque, afirmó, eran ellos los que «sugerían directamente nombres de quiénes deberían de aparecer en el listados».

Ibarra, por otro lado, declaró que el trabajo en Hacienda es similar «a órganos colegiados de gestión, de forma que no existe un reducto de impunidad alguno para que algún funcionario pueda realizar comportamientos irregulares sin que el resto lo sepa». El imputado de este caso dejó claro que su inmediato superior, el ex director de Hacienda, Javier Muguruza, conocía ese listado y, a la vez, rechazó que actuara de forma individual o que entorpeciera la labor de la inspección, sino que «cumplía las órdenes del director de Hacienda», aunque en una determinada parte de su declaración demostró que las relaciones personales y profesionales con Muguruza «se habían deteriorado». De hecho, reconoció que José Luis Silvestre está imputado porque «una vez acudió, porque se lo pedí, a una reunión con Muguruza en octubre de 2002, porque si no le iba a dar de hostias».

337.000 euros

La Fiscalía de Bizkaia considera que Juan Ramón Ibarra recibió, «como mínimo», 337.000 euros por parte de algunos de los contribuyentes protegidos. Sin embargo, el imputado aseguró que esa cantidad le fue entregada por su padre y que posteriormente la devolvió, aunque cuando su padre ya había fallecido. Dijo que ese dinero lo utilizó para invertir en una sociedad de geriatría, en el pago de una cuenta de un apartamento en Jaca y en un coche, «el mismo que tengo ahora», y en un piso que «compré con mi hermana para que viviera mi padre, aunque se escrituró el 6 de junio de 2003 y falleció el 15 de junio», precisó.

Según explicó, «mi padre me entregó esa cantidad en billetes de 500 euros. No dije nada a la familia. Yo los devolví de igual manera», aunque reconoció que cuando falleció realizó «la autoliquidación de Sucesiones para aflorar los patrimonios».

Interpelado por la fiscal sobre por qué no declaró ese patrimonio del sobre, dijo que «en Hacienda me recibieron la autoliquidación y me dieron un justificante, por lo que no me preocupé de más».

También argumentó que realizó trabajos en asociaciones religiosas y dijo haber ostentado la vicepresidencia de una organización de profesionales e intelectuales católicos, por lo que obtuvo ingresos económicos. Una vez que se conoció el escándalo en la hacienda vizcaina, se supo que mantenía un salario por encima del diputado general en 2004, ya que percibía en torno a los 96.000 euros.

La realidad pone de manifiesto que existen determinados contribuyentes que por su elevado peso económico tienen ventajas a la hora de tributar. El actual diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, presentó en diciembre de 2010 datos por los que se habían aflorado 281,6 millones de euros hasta octubre de ese año, pero las estimaciones de fraude fiscal lo sitúan entre el 17% y el 21% del PIB, es decir entre 5.556 millones y los 6.877 millones en Bizkaia.