El Pleno del Congreso dio luz verde definitiva a la reforma de la ley electoral suscrita por PSOE y PP para intentar taponar a la izquierda abertzale todas las vías de acceso a las instituciones. Como ha ocurrido a lo largo de la tramitación, la unión de PSOE y PP, apoyados por UPyD, CC y UPN, sirvieron para sacar adelante unos cambios contra los que votaron PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai, mientras que CiU se abstuvo.

Desde que en marzo del año pasado el Gobierno español anunció el endurecimiento legal, PSOE, PP y UPyD han ido introduciendo constantes cambios casi en cada trámite. El último tuvo lugar en el Senado para alargar el plazo de prescripción de los delitos de injurias y calumnias y para facilitar el cierre de «herriko tabernas».

Con los cambios introducidos en las leyes se permite la presentación de recursos contra candidaturas hasta el último momento, e incluso el bloqueo de la proclamación de los electos después de las elecciones.

Además, en caso de que un partido fuera ilegalizado con posterioridad, los cargos elegidos por esas siglas deberán dejar sus escaños, salvo que presenten en el plazo de quince días «una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo» de las causas que dieron lugar a la ilegalización. Después, si durante su mandato contradijera con «hechos, omisiones o manifestaciones» dicha declaración, será definitivamente inhabilitado.

A lo largo de todos los trámites parlamentarios y declaraciones que le han acompañado, los portavoces de PSOE, PP y UPyD han dejado constancia de que esta reforma legal tenía como destinatario específico la izquierda abertzale, con la intención de que no pudiera presentarse a las próximas elecciones.