Hoy viernes se reanuda en Diyarbakir (Kurdistán norte) el juicio a los 151 imputados por su presunta vinculación al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Se trata de un proceso que comenzó el pasado 18 de octubre, pero que se ha visto interrumpido en varias ocasiones tras pretender los acusados declarar en kurdo, un derecho no reconocido por la legislación turca.

El sumario consta de 7.578 páginas y se pide un mínimo de 15 años de prisión a los 151 acusados, 104 de los cuales permanecen detenidos. Entre ellos se encuentran los alcaldes de las localidades kurdas de Diyarbakir, Cizre, Batman, Kiziltepe, Viransehir, Hakkari, Ergani, Dicle y Suruc, así como destacados miembros del ilegalizado DTP (Partido de la Sociedad Democática) y defensores de los derechos humanos, entre otros.

Desde delegaciones tanto locales como internacionales presentes en el juicio se ha denunciado una «estrategia para ajustar cuentas políticas» tras el arrollador éxito de la citada coalición en las elecciones municipales de marzo de 2009. Desde abril del mismo año hasta hoy han sido detenidos unos 1.500 políticos e intelectuales kurdos en Turquía.

«Delitos» electorales

Asimismo, la mayoría de las actividades que han sido concebidas como «delito» han tenido lugar en el marco de los citados comicios locales. El proceso de selección de los candidatos, las actividades de recaudación de fondos para la campaña electoral así como cualquiera de las actividades electorales del DTP, que entonces era un partido legal, se han tipificado como «actividades ilegales».

Manifestaciones o marchas, como las protestas que tuvieron lugar con motivo de la visita del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, a Kurdistán Norte; ruedas de prensa y/o reuniones organizadas por los kurdos también han sido considerados como «delitos» por parte de la Fiscalía.

Así las cosas, el 99% de la acusación gira en torno en actividades que son legales y democráticas de acuerdo a las normas jurídicas internacionales y a los criterios de Copenhague, que también firmara Turquía en 1993.

A falta de pruebas materiales, los argumentos de la acusación para demostrar la supuesta vinculación de los acusados con el PKK se apoyan en conversaciones grabadas a través de teléfonos intervenidos o micrófonos ocultos. En ningún caso se han encontrado armas, arsenales ni ningún tipo de objeto «peligroso» o incendiario en la residencia o lugar de trabajo de los imputados.

Con motivo de la anterior reanudación del juicio el pasado 13 de enero, se produjeron multitudinarias protestas en varias localidades de Kurdistán Norte. Las manifestaciones se saldaron con numerosos heridos y detenidos tras la brutal actuación policial, pero se espera que se repitan con la reapertura de la vista oral prevista para hoy viernes.