La justicia chilena investigará por primera vez las circunstancias de la muerte del presidente Salvador Allende, fallecido durante el golpe militar de Augusto Pinochet el 11 de setiembre de 1973, tras una querella presentada por una fiscal.

Allende «no tiene causa dentro del poder judicial», explicó ayer la fiscal de la Corte de Apelaciones, Beatriz Pedrals, quien presentó una querella por la muerte del presidente y otras 725 por casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990) que nunca fueron investigados.

Las querellas fueron presentadas la víspera después de que el juez que coordina los casos de violaciones de los derechos humanos, Sergio Muñoz, detectara que existían muchos casos de víctimas que no habían interpuesto ninguna demanda.

Allende murió el 11 de setiembre de 1973 en La Moneda. Una autopsia determinó que se suicidó, pero los resultados siguen siendo cuestionados por algunos sectores políticos y de derechos humanos.

«Lo que no se investigó, la justicia lo investigará. Se llegará al final que se crea correspondiente», señaló Pedrals, quien expresó la voluntad de la Justicia de «judicializar todo lo ocurrido», con «uniformidad de criterio».

Las nuevas querellas por los 726 casos sin investigar vienen de una gestión que hizo el poder público en 2010. «El año pasado se revisaron los listados de víctimas del Informe Rettig (de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación), se cruzó esta información con las querellas que habían sido presentadas hasta el momento, y ahí vieron que existían muchos casos sin representar», señaló un portavoz del poder judicial.

El juez determinó que esos procesos no pueden perpetuarse en el tiempo y que la Justicia se encargaría de que se realicen las diligencias necesarias para determinar las causas de las muertes, por lo que encomendó a una fiscal verificar el número de víctimas no representadas y redactar sus querellas.