Más de doscientos afectados por la trama de robo y venta de niños en el Estado español presentaron ayer en la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva para solicitar la apertura de una investigación penal sobre sus casos, ocurridos tanto durante el franquismo como en décadas posteriores.

Algunos de esos casos de sustracción y adopción irregular de bebés tuvieron lugar en Euskal Herria, tal y como adelantó GARA en las páginas de Gaur8.

La denuncia fue presentada por la Anadir, la asociación de afectados por adopciones irregulares, y hace referencia a 261 bebés, probablemente robados entre los años 40 y los 90 a madres que acababan parir. «Hay muchas más familias que se sumarán a la denuncia», aseguró a AFP Enrique Vila, abogado de Anadir.

De hecho, las pancartas que portaban quienes ayer acudieron a la Fiscalía denunciaban la existencia de unos 300.000 casos.

Según esta asociación, numerosos niños fueron robados a sus madres, a las que se aseguraba que habían nacido muertos o habían muerto poco después de su nacimiento para venderselos a familias que no lograban tener descendencia y a los que en muchos casos no se informaba de que los bebés eran robados. Las identidades de los niños fueron falsificadas y los bebés «comprados» figuran en los libros de familia como hijos biológicos.

Antonio Barroso, presidente de Anadir, expresó su esperanza de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abra una investigación dado que la asociación cuenta con «muchas pruebas». «Esto ha estado ocurriendo hasta los años 90 e incluso a día de hoy sigue pasando», aseguró.

Explicó que entre los culpables de los robos de bebés hay médicos, comadronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del Registro Civil e incluso personal de los cementerios».