El informe de fiscalización que hizo público ayer el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sacó a la luz diversos incumplimientos legales e irregularidades por parte de la Fundación que gestionó Musikene durante 2009, el último año del anterior equipo coordinado por Juan José Pujana. Concretamente, el documento hizo referencia a irregularidades en la contratación de profesores y trabajadores de administración y servicios, en el exceso de contratos mercantiles y en la falta de autorizaciones para abonar algunas retribuciones, así como para la compatibilidad del personal docente que trabaja en otros entes.

De este último apartado, destacó que «merece mención especial» dentro del personal de administración la figura del entonces director artístico del centro, José Luis Estellés, que a su sueldo bruto anual de 83.000 euros, añadió 56.000 euros cobrados a través de un contrato mercantil con una empresa de Granada de la que él mismo era administrador. Esa empresa recibió un pago de 12.000 euros por la colaboración de Estellés en el montaje de una ópera, además de 44.000 euros en concepto de 180 horas de docencia (27.000 euros), gastos de desplazamientos (6.000 euros), complemento por la labor de jefatura (7.000 euros) y diversos gastos por diversos conceptos no detallados (4.000 euros). La Fundación no incluyó a esta empresa en la declaración de operaciones con terceros que presentó ante la Diputación de Gipuzkoa.

Asimismo, el texto reseñó diversas irregularidades en las contrataciones de profesores, pues indicó que en el caso de 47 de los 211 que prestaban sus servicios en 2009, no se siguieron los principios de «igualdad, mérito, capacidad y publicidad», lo que también ocurrió con cinco trabajadores de administración y servicios.

Cuestiona además la excesiva utilización de los contratos mercantiles, un total de 39 ese año, lo que produjo, según señaló en sus alegaciones la actual coordinadora general, Carmen Rodríguez Suso, «el efecto perverso de que profesionales en nómina, en función de intereses personales, reconvirtieran sus contratos laborales a esta figura», que cuando se trata con excepcionalidad «presenta en algunos casos ciertas ventajas momentáneas».

Pujana, alegó que la elección del contrato mercantil «siempre es a petición del profesor» y afirmó que no se puede hablar de relaciones encubiertas porque estos profesionales están dados de alta como artistas en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.

Posible disolución

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), a la vista de las irregularidades, ha recomendado «analizar la idoneidad» de mantener la prestación de Musikene mediante la figura de fundación, a lo que la Consejería de Educación respondió que ya ha barajado la posibilidad de su disolución.

Esta entidad, constituida en 2001 y denominada Fundación Privada para el Centro Superior de Música del País Vasco, el TVCP le imputa el no haber dejado constancia documental de la modificación del presupuesto de licitación de las obras de la nueva sede de Musikene, que comenzarán este año en el barrio donostiarra de Benta Berri, y que pasó de 18 a casi 42 millones de euros. Dice que, por tanto, no hay soporte, para el pago de honorarios a los arquitectos.