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Análisis | Crisis global en Irlanda
La oposición acelera la ley de reforma fiscal a cambio de elecciones
«Sinn Féin tiene una perspectiva distinta a los otros partidos porque no estamos de acuerdo con que el ciudadano de a pie pague por los errores de los bancos», asegura Pearse Doherty, diputado republicano
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Soledad GALIANA
La oposición ha salvado lo que consideran el último obstáculo para llegar al Ejecutivo irlandés, la aprobación de la ley de reforma fiscal. El viernes el todavía primer ministro irlandés, Brian Cowen, certificaba el final de su Gobierno para el próximo martes.
Cómo cambian las cosas en la política. Sólo una semana después de que Brian Cowen anunciará que abandona la jefatura de su partido, Fianna Fail ya tiene nuevo líder, el que fuera ministro de Exteriores Michéal Martin y encabezara la rebelión que el 22 de enero forzó un fin prematuro del sueño político de Cowen y del Gobierno que todavía preside.
Sólo horas después de que Cowen declarara su intención de permanecer a la cabeza del Ejecutivo irlandés, se produjo la deserción sus socios de coalición, los Verdes. La decisión del partido minoritario en el Gobierno ha forzado el fin del Gobierno de Cowen, que podría verse obligado a adelantar las ya anticipadas elecciones generales del 11 de marzo a finales de febrero.
El alfiler que sujetaba a Cowen y a su Ejecutivo -ahora de tan sólo siete ministros, algunos con tres carteras bajo su responsabilidad- era el necesario trámite de la nueva ley fiscal. Desde la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se insistía en que esa legislación era crucial para la implementación del rescate económico pactado entre el Ejecutivo de Dublín y estas dos instituciones como consecuencia de la crisis financiera y presupuestaria irlandesa.
Para los partidos de la oposición, deseosos de hacerse con una victoria ya anunciada -todo apunta a una coalición entre el conservador Fine Gael y los neo-laboristas irlandeses-, la aprobación de esta ley era la llave para que los Verdes finalmente renegaran del acuerdo de Gobierno con Cowen.
Y mientras en la política irlandesa imperaba el «salvese quién pueda», en Europa se discutía el futuro financiero de Irlanda.
Desde que Brian Cowen anunciara su intención de abandonar el liderazgo de su partido y permanecer en el Gobierno de Dublín, los portavoces de Fine Gael y del Partido Laborista anunciaron su disposición a facilitar la aprobación de la ley de finanzas a cambio de un adelanto de las elecciones. Poco les costó a los Verdes aceptar eesa oferta. Ya sabían que sus esperanzas de aprobar la ley de Cambio Climático, la única razón por la que decidieron permitir que este Ejecutivo sobreviviese hasta marzo, estaban comprometidas ante la rebelión en el seno de Fianna Fail contra Cowen y, por extensión, contra un acuerdo de Gobierno con los Verdes con el que muchos en las filas liberales se han encontrado como mínimo incómodo.
Así pues, su legado desde su entrada en el Gobierno en el 2007 será poco más que la ley de prohibición de cacerías y la participación en un Ejecutivo que de controversia en controversia ha enredado la crisis financiera con la mala gestión política.
Para rematarlo, sólo les quedaba la aprobación de esta ley fiscal que legaliza recortes presupuestarios y subidas de impuestos que estrangulan a los más vulnerables en la sociedad irlandesa. Y los partidos que tanto se oponían a esta ley facilitaron su aprobación por la vía rápida a cambio de dos semanas de adelanto para su victoria electoral. En lugar de fomentar el debate, se ha promovido la excepcionalidad de la situación política, y la ley impulsada por Fianna Fail ha sido aprobada con los ya esperados votos de los Verdes, que aún renegando del Gobierno siguen respaldando sus políticas, y sus fieles aliados independientes.
Se han aprobado los recortes y las subidas de impuestos, pero las ventajas fiscales de las que disfrutarían las parejas del mismo sexo que se inscriban en el Registro Civil -finalmente similares a las de los matrimonios heterosexuales- han sido aparcadas al considerarse que era demasiado compleja ante las prisas de los partidos.
Con razón los periódicos estadounidenses hablan del «circo» político irlandés, pero éste, más que un circo de payasos, es un circo romano en el que se sacrifica al ciudadano en favor de instituciones que ignoraron su papel vigilante y regulador para favorecer a aquellos que les invitaban a los palcos en los partidos de futbol, a sus mansiones en vacaciones o a una buena cena tras una jornada de golf.
El único partido que se ha rebelado contra el consenso de la clase política irlandesa es Sinn Féin, lo que ha suscitado sus ataques y su rechazo, particularmente del Partido Laborista, que siente que sus votos peligran por la izquierda.
El partido republicano ha sido el único que ha sugerido que las elecciones deberían celebrarse antes de la aprobación de una legislación que ata las manos en materia presupuestaria a quien quiera que vaya a integrar el próximo Gobierno. Su diputado Pearse Doherty aseguró que «Sinn Féin tiene una perspectiva distinta a los otros partidos porque no estamos de acuerdo con que el ciudadano de a pie pague por los errores de los bancos».
La integridad de su posición le ha ayudado a subir peldaños en la estima del electorado y, en estos momentos, los analistas políticos certifican un ascenso en la intención de voto de Sinn Féin que en algunas circunscripciones electorales, como en Dublín, podría cuadruplicar los votos logrados hace cinco años.
Tal y como están las cosas, y si no se produce ninguna sorpresa (algo nada descartable), Brian Cowen convocará las elecciones -que deben tener lugar en un plazo de cuatro semanas desde la disolución del Parlamento- el próximo martes, ya que se espera que el Parlamento se disuelva antes de ese día. Y todo apunta al 25 de febrero como la fecha en la que los irlandeses acudirán a las urnas para elegir a un nuevo Gobierno con la confianza de que le ofrezca la estabilidad que necesita para solucionar su situación económica.