La canciller alemana, Angela Merkel, viene declarando que el euro es la encarnación de la idea de Europa. Y con un tono un tanto triste y poco característico en ella, insiste en las consignas: «defenderemos el euro», «que nadie lo dude». Según su argumento, lo que está en juego es nada menos que la posición de Europa en el mundo. Ayer llegó a Madrid y se unió a las felicitacio- nes que el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, dio a las «magníficas medidas» del Gobierno español. Pero tras felicitar al aplicado alumno, presentó nuevos exámenes y un plan que, en nombre de la «competitividad», obligará a nuevas medidas, a más sacrificios, a aplicar políticas al dictado alemán en nombre de la sacrosanta misión: salvar el euro.

Básicamente se trata de un pacto para armonizar las políticas financieras -obligando a los estados a recapitalizar, reestructurar o liquidar bancos y cajas de ahorro-, las fiscales -con normas estandarizadas para gravar a las sociedades y evitar el dumping- y las económicas -salarios, pensiones y mercado laboral-. Añadiendo la obligación de introducir nuevas normas a imagen y semejanza del modelo alemán conocido como «freno de la deuda», una enmienda a la Constitución alemana que requiere que el Gobierno elimine virtualmente el déficit estructural en cinco años. Merkel juega sus poderosas cartas y no ofrecerá garantías adicionales al fondo de rescate europeo, a menos que los estados aprueben y dejen monitorizar y examinar sus políticas en relación a este pacto de competitividad.

El plan de Merkel va bastante más allá de una simple coordinación económica. Su potencial para acelerar la transformación de la Unión Europea, y para hacerlo sin debate público, sin ganarse ni la adhesión mayoritaria de la ciudadanía, fuera de todo sistema de control y contrapoder democrático es enorme. La agenda de un gobierno económico europeo para la eurozona se impone y no conoce descanso. Pero el problema es que es una agenda sin un verdadero gobierno.