El Ejecutivo de Lakua confirmó ayer la información difundida el jueves por un diario vizcaino y ratificada por el director de Medio Ambiente a la plataforma vecinal que se opone al horno en una reunión esa misma tarde, a la que se les convocó con premura. La viceconsejera Nieves Terán firmó la orden que autoriza la actividad del crematorio de Funeraria Bilbaína, en pleno casco urbano de la capital y que tanto rechazo ha generado en los últimos años.

Medio Ambiente trató de apaciguar los ánimos de los afectados, subrayando que «la autorización incluye medidas complementarias más garantistas que redundan en la tranquilidad de los vecinos del entorno». Una de las medidas es otorgar una licencia por 3 años, cuando la ley las permite de hasta 8 y fija que se harán mediciones cada 6 meses, en vez de cada 3 años que es lo habitual.

En la reunión mantenida con los representantes vecinales, Lakua también se ofreció a la colocación de una unidad móvil de control de las emisiones del horno incinerador de cadáveres. A la iniciativa ciudadana esas y otras medidas planteadas por los responsables autonómicos de Medio Ambiente no les convencieron, ya que estiman que la instalación no dispone de la última tecnología de control de las emisiones. «No tiene protección suficiente, saldrá a cielo abierto», explicaron a GARA.

Las críticas no se quedan ahí, alertaron de que Lakua aplica una ley de 1976, «cuando no existían los crematorios, porque la compañía pidió los permisos hace ocho años. La legislación posterior -lamentaron- no la tienen en cuenta y así a Funeraria Bilbaína no le afectan otras normativas más restrictivas de 2008 que tratan de proteger la salud de las personas».

«A pesar de que el Ayuntamiento, por boca de la concejala de Urbanismo, Julia Madrazo, dice que han hecho todo lo posible para frenar el crematorio, y que el Gobierno Vasco remarca que vigilarán su actividad, la verdad es que han agachado la cabeza. Lo han venido haciendo a lo largo de estos años para nuestro enfado. Los vecinos -manifestaron desde la plataforma- nos sentimos desprotegidos por las instituciones implicadas, sólo han hecho promesas que una tras otra no han cumplido».