La ministra española de Economía, Elena Salgado, ha respondido que no tiene intención de modificar la Ley Hipotecaria que tan mal parada ha salido por este fallo judicial. Pero sus repercusiones son inevitables.

¿Sorprendida por la sentencia?

No cabe duda de que por primera vez un juez demuestra un cierto grado de sensibilidad y preocupación por la gravísima situación económica y financiera a la que están sometidas muchas familias en este país. Por otra parte, expresa el avance de una línea interpretativa de los tribunales que tiende a racionalizar la aplicación de la leonina Ley Hipotecaria española y a adecuarla a la realidad a la que las irresponsables prácticas de bancos y cajas han abocado a cientos de miles de familias.

¿Qué es lo que viene a decir?

En definitiva, el juez entiende que la tasación realizada a la vivienda en el momento de la concesión del préstamo hipotecario fue hinchada y abultada debido al boom inmobiliario que se vivía. Debido a ello, la entidad financiera concedió una hipoteca sobre un bien sobrevalorado. Con la crisis y la dificultad del pago del préstamo se inicia el procedimiento ejecutivo y la familia pierde su casa en subasta. Sin embargo, el juez considera, utilizando argumentos morales más que jurídicos, que el BBVA no puede exigir la cantidad pendiente tras la subasta, dado que esta entidad financiera, así como el resto, han sido las causantes de la crisis más importante desde el famoso `crack del 29' y, por tanto, no es ético que un consumidor que nada ha tenido que ver en ello, sea obligado a pagar la deuda pendiente. Se entiende que con el valor obtenido en subasta queda suficientemente amortizado el capital del préstamo hipotecario.

¿Abre la puerta a algo?

Por ahora, no se trata de una sentencia sino de un auto judicial, de modo que el BBVA puede interponer un recurso de apelación, como ya ha anunciado. En cualquier caso, para que una sentencia pueda ser considerada como jurisprudencia debe ser emitida por el Tribunal Supremo y existir, al menos, dos sentencias equivalentes sobre el mismo supuesto de hecho.

¿Invitan a otras personas en similar situación a que acudan a los tribunales?

Bueno, no se trata de invitar al consumidor a que acuda a los tribunales. Es que no le queda más remedio, ya que al ser el préstamo hipotecario una garantía real, el procedimiento que según nuestro ordenamiento jurídico se pone en marcha, es el ejecutivo; es decir, lo que pretende es la ejecución o subasta del bien inmueble para la recuperación de la deuda.

Habla de una sentencia «moral», pero ustedes reclaman pasos legislativos.

En efecto. La solución para este gravísimo problema que afecta a miles de consumidores no pasa por una sentencia pionera y aislada, sino por verdaderos cambios en la normativa hipotecaria.

¿Qué proponen ustedes?

Adicae, junto con otras asociaciones de consumidores, ya presentó al Gobierno un completo dossier con propuestas concretas de reforma en el año 2009, que ha sido ignorado. En ese informe se preveían medidas concretas como la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para paralizar la ejecución hipotecaria y promover un acuerdo entre el deudor y el acreedor supervisado por representantes de asociaciones de consumidores o instituciones de consumo. La creación, también, de un procedimiento extrajudicial que tenga como objetivo acordar un plan para restablecer la reconducción de la deuda. Y, por último, pedíamos la creación de una Ley de Sobreendeudamiento Familiar, como ya existe en otros países europeos, donde se proteja al consumidor sobreendeudado. Existen vías, pero tiene que haber intención de ofrecer soluciones.

Estamos ante un revés para los bancos. ¿El principio de otros muchos o no hay que ser tan optimistas?

Esta sentencia debe servir como ejemplo para la concienciación por parte de los jueces de la realidad que sufren los consumidores, pero también como impulso y acicate para la movilización organizada de los ciudadanos.

Porque el sector bancario sigue sin pagar su gran parte de culpa en esta crisis....

En la misma línea que la pregunta anterior, porque los consumidores no exigimos su responsabilidad de una forma organizada, la lucha a nivel individual debe dejar paso al asociacionismo y la agrupación de fuerzas dentro de un colectivo. Creemos que hay que empezar a ser «bancariamente intolerantes». Las ayudas al sector bancario, el fondo del FROB y las demás medidas adoptadas por el Ejecutivo, sólo han tenido en cuenta los intereses de la Banca y nunca la de los consumidores. Lo que sí podemos hacer los ciudadanos es acudir a votar a aquellos partidos políticos que pidan responsabilidad a la Banca y que incluyan en sus programas políticos exigencias y medidas concretas de solución.

El sector bancario ya ha advertido de que, si esta dación en pago se generalizara, los préstamos serían mucho más restrictivos y duros. ¿Lo ven como una amenaza real?

Podemos decir que se trata de una amenaza chulesca y cínica, dado que no argumentan esa restricción. ¿Cómo es posible que cuando los tipos de interés rozaban el 14% se pagaba menos que con créditos al 5%? ¿Cómo es posible que, precisamente, la misma entidad financiera sobre la que recae este auto, presente un beneficio de 4.606 millones de euros en el 2010? No cabe duda de que si no hacemos nada al respecto, seguirán imponiendo sus condiciones que ya son de por sí, desiguales, innegociables e injustas.