Celaá niega la categoría de víctimas a los afectados por motivación política
El programa Bakegune llegará a las aulas con las ausencia de las víctimas por motivación política. La consejera de Educación de Lakua, Isabel Celaá, no dará voz a los testimonios de las víctimas de la violencia estatal y la paraestatal al menos hasta que el Parlamento de Gasteiz determine a quiénes se les puede considerar víctimas de esta violencia. «No quiero llevar a las aulas víctimas que dicen que lo son y no lo son», sentenció tajante.
GARA
El testimonio de las víctimas llegará a las aulas el próximo curso, a partir de setiembre, pero el programa arrancará sin la voz de las víctimas de motivación política. Así lo confirmaba ayer la consejera de Educación de Lakua, Isabel Celaá, sentenciando que «no voy a poner delante de los ojos de alumnos y de alumnas a aquellos que dicen ser víctimas y no son».
A pocos meses de su puesta en marcha, el programa Bakegune no contempla a las víctimas de la violencia de motivación política, denominación que agrupa a las víctimas de la violencia estatal y paraestatal. Y, además, como se pudo comprobar en la presentación del material didáctico, los testimonios de algunas víctimas de los GAL, que sí se preveía en un principio, han sido eliminados.
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, empleó el pleno de control de la Cámara de ayer para pedir explicaciones por estas ausencias a la consejera responsable. Ésta se justificó apuntando que quiere esperar a que el Parlamento de Gasteiz «determine a quiénes se les puede considerar damnificados por la violencia de motivación política». En su intervención sostuvo que la exclusión de algunas víctimas de los GAL responde al deseo de éstas a «esperar la aprobación del informe de víctimas de motivación política».
Solicitan un retraso
Ante el alegato de la responsable de Educación, el parlamentario de EA solicitó que el programa en cuestión espere a la aprobación de dicho informe. «Los testimonios de las víctimas podrán ayudar o no para la educación para la paz, pero siempre si es fruto del consenso. Si es fruto de una campaña de asalto sectario a las aulas es perjudicial y estéril, porque no pacifica ni prepara a la comunidad educativa para estos temas, sino que las predispone más en contra», consideró Agirrezabala.
El parlamentario acusó al departamento de Celaá de «hacer las cosas mal» y censuró que el material didáctico haya sido presentado mediante la prensa y sin contemplar a la comunidad educativa; y opinó, que la formación se ha realizado «deprisa y corriendo». Asimismo, denunció que todas las referencias en torno a la tortura, así como a Santi Brouard y Josu Muguruza, hayan sido suprimidas.
«Me debo a lo que este Parlamento decida», ha sido la respuesta de Celaá, para señalar que no actuará hasta que el legislativo así lo determine.
Con medio año de retraso y tras encargar el trabajo a una empresa, el Gobierno de Lakua presentaba el pasado 1 de diciembre su informe sobre «víctimas de motivación política». En el se establece una clasificación de las víctimas en base a distintos periodos y elimina el censo de afectados por la violencia estatal. Tres semanas después una resolución, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Gasteiz, instó a Lakua a presentar en un plazo de seis meses una primera batería de propuestas dirigidas a reparar y reconocer a las estas víctimas.
El llamado Plan de Educación para la Paz, que pretende llevar a víctimas de ETA a las aulas o, por ejemplo, reconstruir zulos para los alumnos, ha recibido el rechazo abierto de
formaciones políticas, sindicatos, agentes educativos y estudiantes.
PNV, Aralar y EA, así como la izquierda abertzale, han mostrado insistentemente su negativa a este plan, que las cuatro formaciones vascas consideran «parcial».
Los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS, que agrupan a cerca del 80% del sector de la educación, consideran el proyecto de «inadmisible» y creen que con él, Lakua pretende llevar a las aulas «la utilización político-partidista del sufrimiento que padecemos».
Incluso el Consejo Escolar de Euskadi observaba «una gran carga política» tras esta propuesta de Celaá e instaba, en mayo del pasado año, al Ejecutivo y a los partidos a que «trabajen por el consenso para lograr un texto con vocación más integradora».
Los estudiantes han mostrado de manera reiterada su oposición en las diversas movilizaciones organizadas por el sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak.
Y la asociación Sortzen Ikasbatuaz también ha adelantado hace pocos días que no participará en el citado plan, el cual considera que se sustenta en unos objetivos «políticos y partidistas, que pueden acarrear partición y generar odio».
Pese a que aún faltan meses para su implantación en las aulas, algunos padres han adelantado ya, a título individual, que los días en que las víctimas acudan a clase no llevarán a sus hijos a las aulas. GARA
