Nueve personas, arropadas por una veintena de miembros de la iniciativa «Kapitalismotik at», presentaron ayer ante el Juzgado de Instrucción de Iruñea sendas denuncias por el violento desalojo policial que sufrieron en la noche del pasado domingo cuando estaban en una nave que habían ocupado en el barrio de Errotxapea. La nave estaba en desuso desde hace siete años.

Antes de comparecer uno por uno ante el juez de guardia, los jóvenes explicaron en rueda de prensa que el desalojo estuvo encabezado por el jefe de la Policía Municipal de Iruñea, Simón Santamaría, y que, además de ser identificadas 45 personas, les requisaron ilegalmente sus teléfonos móviles y algunas de ellas fueron golpeadas. Según recogen en su denuncia judicial, la incautación de sus teléfonos supone una violación de la intimidad, que es «un derecho fundamental recogido en la propia Constitución española».

También dejaron constancia por escrito de que el desalojo se llevó a cabo sin previo aviso, sin denuncia previa por parte del propietario de la nave y sin la correspondiente orden judicial.

Los denunciantes consideran que se ha vulnerado el secreto de las comunicaciones y el derecho a la protección de datos, así como el principio de legalidad y el derecho a su integridad física y moral. Además, pidieron al juez que requiera a la Policía Municipal la entrega de los teléfonos móviles que todavía no ha devuelto a sus dueños.

A las 19.00, un centenar de jóvenes se manifestaron en Alde Zaharra de Iruñea.