Los 157 trabajadores de Arfe acudieron de nuevo a los medios para denunciar el desamparo al que les somete el Gobierno de Nafarroa, incapaz de actuar con decisión contra el gerente de la empresa que debe entre 6.000 y 8.000 euros a cada empleado. La huelga indefinida que emprendieron a principios de año agrava día a día la crítica situación por laque pasan las familias y que, en algunos casos, resulta ya insoportable.

«En el Departamento de Trabajo nos trataron bien, pero luego no han hecho nada y el consejero de Economía, tampoco», proclamaron los trabajadores. Tras meses sin cobrar y con el gerente y vecino de Altsasu, Ramón Arza, desaparecido, desde las instituciones públicas les fuerzan a que sean ellos mismos quienes se despidan. Fuentes del comité de empresa denuncian que esto mina la moral de quienes llevan más de 30 años trabajando en la fábrica. Sin embargo, Imelda Lorea, la directora de Trabajo de Nafarroa, dice tener las manos atadas hasta que no acometan ellos la decisión de solicitar el ERE de extinción de sus empleos.

Los trabajadores no se creen que el Gobierno no tenga poder para reclamar a la propietaria de la fábrica, Ana Isabel Aznar, el pago de los salarios. O que no puedan intervenir Arfe y nombrar una gestora para que continúe con la actividad. La responsable de LAB en Sakana, Arantza Ibargoien, afirma que a día de hoy siguen sin tener la más mínima idea de cómo están las cuentas y exige que un gestor o un economista las revise. Lo cierto es que, desde que se aprobó en el verano pasado el segundo ERE a esta empresa, que ha sido uno de los motores de Sakana durante decenios, la planta ha estado trabajando a más del 90% de la productividad. «Los trabajadores tenemos muchas obligaciones. Si no cumplimos, enseguida van contra nosotros. ¿Y ahora nos dicen que un empresario deja de pagar a 157 familias y no se puede hacer nada? Sinceramente, nos lo tienen que explicar mucho mejor», aseguró Ibargoien.

Agravio comparativo

El argumento que esgrimió el consejero José María Roig se fundamenta en el hecho de que no pueden meterse en una propiedad privada, puesto que al ser pareja el gerente y la dueña, la forma de actuar se complica. Esta explicación tampoco resulta válida para los trabajadores. Además, los 157 achacan al Gobierno que sí que puede actuar y le ponen dos ejemplos sin que les haga falta salir de Altsasu: Sunsundegui y Gamesa.

El mal momento por el que están pasando las familias empieza a minar la capacidad de acción unitaria. En la asamblea de anoche, acordaron que quienes no puedan aguantar más sin cobrar, porque las deudas les ahogan, solicitarán el despido. Los que aún les quedan recursos han decidido continuar y seguir peleando por sus puestos de trabajo. La semana que viene comezarán nuevas protestas. La huelga indefinida continúa.