La semana entrante estará muy marcada por la presentación de la nueva formación política de la izquierda abertzale, en una agenda con varias citas de peso y formatos inéditos como el acto público de mañana en Bilbo, en el que Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin detallarán la filosofía y los estatutos del partido a quien quiera oírles (que serán casi todos). La primera constatación obvia es que antes de nacer la nueva formación ya se ha apuntado dos tantos: dejar en evidencia a quienes intentaron despreciar esta iniciativa, cuyo impacto político y mediático es notable desde hace varios meses, y aportar otra nueva prueba de que la izquierda abertzale ha decidido cambiar ella misma como paso necesario para ayudar a cambiarlo todo. Y lo hace públicamente y a cara descubierta, incluso ante sus rivales políticos.

Sin embargo, ni el importante eco ya obtenido ni la transparencia mostrada constituyen objetivos en sí mismos. La finalidad es darle un empujón definitivo al logro de la democracia en Euskal Herria, a partir de un nuevo escenario caracterizado por la ausencia de las violencias que han condicionado el escenario durante años, décadas, siglos, y paradójicamente quizás con más intensidad todavía en este siglo XXI que comenzó con atentados mortales, cascadas de ilegalizaciones, records en el número de presos políticos... Con la decisión de registrar una nueva formación, la izquierda abertzale da un gran paso, un paso avalado por una mayoría de la sociedad vasca que seguramente es muy amplia.

Durante mucho tiempo se ha utilizado la figura de la pista de aterrizaje para reflejar necesidades de la izquierda abertzale. Acciones como ésta invierten la situación. Paradójicamente es la izquierda abertzale, víctima durante casi una década de una Ley de Partidos diseñada ad hoc contra ella, la que pone una pista libre al Estado español para que la democracia completa aterrice por fin en Euskal Herria. Empezando por lo más básico: restituir el principio de la representatividad ciudadana proporcional en las instituciones.

Prohibir es mala inversión incluso en España...

El acto público de mañana, la decisión de acudir a la ventanilla del Ministerio del Interior español, los estatutos del nuevo partido... tienen otra consecuencia. Demuestran que la determinación de la izquierda abertzale por seguir desarrollando la apuesta exclusiva por las vías políticas y democráticas es total y absoluta. Y que se mantendría incluso en el caso de que los aparatos del Estado español -ya sean gubernamentales, policiales o judiciales- decidieran mantener a ultranza sus boicots políticos y sus pucherazos electorales. No sería inteligente, pero es posible. Pero incluso en ese caso, se puede aventurar ya que a medio plazo, quizás incluso a corto, sólo tiraría piedras a su propio tejado.

La izquierda abertzale no va a detener su hoja de ruta sea cual sea la actitud de Madrid. Ese desarrollo va a poner cada vez más ojos mirando a Euskal Herria desde el ámbito internacional. Y si en los próximos meses y años se siguen produciendo avances unilaterales hacia un escenario democrático, al Estado español se le harían muy largos otros cuatro años de apartheid. Tendría francamente difícil convencer a la comunidad internacional de que en este rincón de Europa a estas alturas hay alguna razón para seguir encarcelando a políticos, vetar candidaturas o prohibir a partidos que cumplen la ley. De que hay alguna razón, claro está, que no sea el miedo a enfrentarse con ellos sólo políticamente.

Prohibir, vetar, ilegalizar puede ser un recurso pasajero en situaciones de crisis, pero nunca será una receta de futuro ni una solución. El Magreb no está tan lejos del Estado español, y ahí también se está probando estas semanas que los pueblos quieren democracia y las dictaduras difícilmente se eternizan. Aunque allí Hosni Mubarak aún sueñe con lograr lo que Francisco Franco sí consiguió: morir en su tierra... y en la cama.

...y vetar también lo es en Euskal Herria

Si la izquierda abertzale se enfrenta al muro de la ilegalización construido por Madrid, en Nafarroa se ha encontrado una barricada inesperada y que resulta difícil desligar de aquél. Aralar, PNV y el mal llamado grupo de «independientes» de Uxue Barkos han hecho piña para decretar un veto a la acumulación de fuerzas. No es una ilegalización, claro está, pero se le parece por dos cosas. Primero, porque los actuales integrantes de NaBai saben lógicamente que el veto pudiera tener el efecto colateral de dejar a la izquierda abertzale en Nafarroa fuera del reparto legal -desfigurando de paso su Parla- mento, como pasa hace ya ocho años para lucro directo de la derecha españolista-. Y segundo, porque obviamente Aralar, PNV y Barkos están en su derecho de no querer compartir listas con la izquierda abertzale, pero hoy es el día en que continúan sin decir con qué parte de su propuesta programática de mínimos discrepan, y ello deja claro que ese veto se ejerce a modo de criterio político prefijado, sin contenido, porque sí.

Al fin y al cabo, de otro veto, también del PNV, surgió NaBai en 2003. Pero que se mantenga en 2011 resulta tan inexplicable que se volverá contra sus autores.