A pesar de que el proyecto fue rechazado en el Pleno municipal del 29 de julio de 2010, todo apunta a que finalmente los promotores de la edificación de 15 chalés en una parcela próxima a la costa lograrán su objetivo. La previsión del PNV, que ostenta la Alcaldía en minoría en Sopela, es elevar de nuevo el asunto de la Unidad de Ejecución 7.1 a la sesión plenaria de febrero, en los últimos compases del mandato, para que los votos de los ediles jeltzales, así como los de los del PP y PSE, rectifiquen la anterior decisión.

La izquierda abertzale ya había advertido hace tiempo de que los promotores de los chalés tratarían de reconducir el asunto. En la Comisión de Urbanismo de enero, fuera del orden del día, los impulsores de la operación comparecieron para dar argumentos a su favor y negar impacto ambiental alguno, tal y como aseguran ecologistas y grupos de la oposición.

Antes, el 30 de setiembre, siete particulares y dos empresas -Promociones Inmobiliarias Norte SA y Bizkaina de Camping SL- presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el acuerdo de julio pasado, que les impide edificar en los terrenos y que revocó lo que contemplaban las Normas Subsidiarias (NNSS) de hace doce años.

El partido del alcalde, Imanol Garai, esgrime un informe de los propietarios de la parcela contra la última resolución municipal y otro de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que no hace sino avalar las tesis de los promotores. En primer lugar, el PNV ha conseguido el aval para volver a tratar el asunto siete meses después de que los votos de los corporativos de la izquierda abertzale, Alternatiba, EA y Berdeak lo rechazaran y que los ediles de PP y PSE cambien el sentido de su voto para hacer posible sacar adelante el polémico proyecto urbanístico.

En el informe los letrados municipales, según desvelaron fuentes de la izquierda abertzale, «da totalmente la razón a los promotores y dicen -añaden- que el recurso contencioso administrativo lo tienen ganado los promotores, y que el Ayuntamiento tendrá que hacerse cargo, por lo menos, de las costas del proceso judicial».

Además, el documento arremete contra los argumentos de la oposición, calificándolos de «arbitrarios». La reacción de estos grupos municipales no se hizo esperar. En la misma comisión, pidieron que constase en acta su protesta oficial por las valoraciones que se hacían en el informe de sus argumentos. Y lo que califican de más grave, recuerdan, es que «no fuimos consultados al respecto».

Enfado de la oposición

Tal fue el tono que adquirió la discusión que los representantes del PNV debieron de aclarar qué consideraban por «arbitrario». De este modo, los jeltzales manifestaron que los argumentos defendidos por la izquierda abertzale, Alternatiba, EA y Berdeak para oponerse a esta nueva urbanización de chalés en la franja costera no se basan en la Ley del Suelo y por lo tanto siguen vigentes las directrices de las NNSS de 1999.

La solución que proponen los jeltzales es que el Consistorio sopeloztarra dé el visto bueno a la operación inmobiliaria en la parcela emplazada entre Sopelmar y el camping, y a cambio los promotores retiran el recurso en los tribunales. Por tanto, el próximo Pleno municipal se prevé tenso, ya que como vienen defendiendo los opositores, la edificación de las viviendas unifamiliares pone en peligro el futuro parque costero de Uribe Kosta propuesto por la Diputación vizcaina y aceptado por el Ejecutivo de Lakua.