En el juicio celebrado hace un mes por la propiedad de la ermita de Garisoain la carga de la prueba le correspondía al Arzobispado, por ser el demandante. Como no pudo acreditar que tenía ningún título de propiedad, la jueza dictaminó que su propietario es el Concejo.

En ese caso concreto la sentencia fue favorable a las tesis de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Sin embargo, su abogada, Isabel Urzainqui, también advierte sobre un aspecto negativo: «Cuando sean los concejos o los ayuntamientos quienes quieran demandar al Arzobispado, deberán aportar las pruebas. Esto es mucho más difícil. Es decir, resulta mucho más cómodo ser demandado que ser demandante».

Por ello, el primer consejo que da a las entidades locales es que «se adelanten y, en virtud de la posibilidad que les da el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, inmatriculen todas aquellas propiedades que todavía no estén inscritas a nombre de la Iglesia».

Para los casos en que el Arzobispado ya ha privatizado bienes sobre los que existen pruebas de que son propiedad de los pueblos, Isabel Urzainqui recomienda presentar demandas y aportar toda la documentación que posean.

Como ejemplo más claro señala el de Uharte, cuyo Ayuntamiento ya ha recurrido a la vía judicial porque posee una extensa y precisa documentación de que la iglesia del pueblo es de su propiedad.

Sin embargo, también hay concejos que han cedido ante la demanda del Arzobispado, principalmente «por miedo a meterse en gastos», apunta Urzainqui.

Recurso del Arzobispado

Quien no repara en gastos es el Arzobispado, que ya ha decidido presentar recurso judicial contra la sentencia del Juzgado de Lizarra sobre la ermita de Garisoain. A este respecto, la abogada de la Plataforma aclara que una sentencia ratificadora por parte de la Audiencia Provincial de Nafarroa no sentaría ningún tipo de jurisprudencia.

Para que así fuese, según explica, serían necesarias dos sentencias del Tribunal Supremo o, si se trata de una cuestión de Derecho Foral, del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa. «Las sentencias de las audiencias no crean jurisprudencia, y prueba de ello son las sentencias contradictorias sobre una deuda hipotecaria del BBVA».

En cualquier caso, esta abogada confía en que la Audiencia Provincial ratifique la sentencia de la jueza de Lizarra, sentencia que califica de «muy buena» y en la que queda claro que «la Iglesia no ha acreditado la posesión de la ermita ni ha ejercitado actos a título de dueño».

«Un dueño tiene llave, repara y autoriza cuando alguien va a realizar obras en su propiedad, y aquí no ha hecho nada de eso. El párroco de Garisoain no tenía llave y no autorizó las obras en la ermita, que fueron realizadas por personas distintas», recuerda Urzainqui, al tiempo que rebate el argumento de que la celebración de culto en un lugar implique propiedad del mismo.

Junto a ello, considera que debería suprimirse el articulado de la Ley Hipotecaria que permite a la Iglesia católica apropiarse de bienes públicos sin tener que presentar pruebas de que realmente le pertenecen.