Hace ahora dos años nos hacíamos esta misma pregunta: ¿Quién teme a la banca pública? Y la respuesta, que ya sabíamos de antemano, es rotunda: los gobiernos de derechas -sin fijarnos en los parapetos de las siglas- y las entidades financieras privadas. No hay más que pensar en los directivos de los bancos relamiéndose ante la posibilidad de tomar entre sus fauces a las cajas de ahorro, pieza servida al alimón por el Gobierno del PSOE y el futuro gobierno, que será del PP según las últimas encuestas. Y eso que ahora, desde la patronal bancaria, tratan de amagar con un desdén de suficiencia al colocar un interrogante sobre su interés en controlarlas primero, ya limpias de polvo y paja, y engullirlas después.

Lo mismo vale para medir la credibilidad del presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, cuando ha dicho que no se van a privatizar a precio de saldo.

Sin solvencia. Las cajas de ahorro del Estado español, muchas de ellas desvalijadas durante años por gestiones rayanas en el delito, deberán afrontar una serie de compromisos de solvencia y liquidez difíciles de lograr en el tiempo récord propuesto.

En concreto, se les exige un 10% de capital básico, mientras que a los bancos les sirve un 8%. De lo contrario, les ofrecen dos puertas de salida: o colocan el 25% de su capital en bolsa, según exige en estos momentos la CNMV, o consiguen socios privados que detenten, al menos, el 20% del capital y además, operen con más del 20% de liquidez procedente de los mercados mayoristas. Esta es la disyuntiva de estas entidades, amparadas en sus comienzos por organizaciones de ayuda social, y que ahora se hallan en una encrucijada histórica. Van camino de su desaparición, aunque para todas ellas habrá ritmos distintos, de acuerdo a su grado de debilidad y las conveniencias de los diferentes gobiernos. Es el tiempo de la «bancarización» de las cajas de ahorro.

Por tanto, ya todo es más evidente: sólo dejan de lado la posibilidad de crear o reverdecer la banca pública quienes mayor partido sacan aquí y ahora a su privatización, bien sea ésta de forma fulminante o a cámara lenta, con episodios relacionados con los SIP y otras estructuras societarias ad hoc.

Por tanto, el telón del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que cuenta con una capacidad de endeudamiento de hasta 90.000 millones de euros, se levantará dentro de pocos años para enseñarnos un escenario sin actores públicos o semipúblicos. Los habrán devorado las entidades privadas sin pestañear y con los gobiernos correspondientes aplaudiendo en el palco.

Pero no hay que engañarse con la posición de la patronal bancaria y su loa a los valores de la competencia. La crisis financiera ha desmontado su viejo mito de la autosuficiencia de los mercados. Los bancos -está en sus genes- quieren obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible.

Otro modo de gestión. Por eso hoy es más necesario que nunca establecer otro modo de gestionar el crédito, facilitar su expansión ordenada y mantener un control del riesgo en aras de obtener la mayor rentabilidad social posible.

Hemos visto ya de lo que son capaces los bancos. Conocemos las artimañas, los productos «basura», el comportamiento voraz en la obtención de beneficios, el desapego de los directivos con la ética -todavía hoy, en plena crisis y con millones de desempleados, siguen amasando fortunas-, y el pavor a la regularización exigente, sin caer en el exceso -nos dicen-, para evitar el colapso de las entidades. Especialmente irritante es ver la frescura con la que se culpa a los ciudadanos y ciudadanas que no pueden pagar los créditos al haber perdido su trabajo o pequeña empresa en medio de una crisis transmitida por los bancos.

Los defensores de la iniciativa privada dicen que crear un banco público de verdad, más allá de la intervención actual de la agencia ICO (Instituto de Crédito Oficial) en el Estado español, que debe funcionar con mediadores privados, es un disparate. Sin embargo, la historia reciente, en lo que se refiere al Estado español, dice lo contrario, ya que diferentes entidades publicas jugaron un papel descollante en los años 80 y 90, en los que llegaron a sostener hasta el 20% de la actividad crediticia.

Es justo decir, sin embargo, que sólo una pequeña parte de su campo de acción estaba relacionada con el negocio minorista, precisamente el que ahora tendría que tomarse más en serio para construir otra vía para la gestión pública. Algunos expertos proponen, sin embargo, que la nueva banca debiera centrarse exclusivamente en facilitar el crédito empresarial y financiar las medidas de polÌtica económica.

Pero ayer, como hoy, los ministros correspondientes se pusieron de parte de las grandes entidades financieras y decidieron vender los exitosos bancos públicos a un precio barato.

Los horrorizados pensadores neoliberales y similares detestan cualquier entidad que lleve adosada la palabra pública porque, dicen, es sinónimo de ineficiencia y competencia desleal.

Pero habría que darle la vuelta al argumento. Primero: hablar de ineficiencia de la gestión pública con la que han montado las entidades financieras privadas, que todavía se rebelan cuando se les acusa de generadoras de la crisis, es sarcasmo. Y segundo: si nadie es capaz de ofrecer créditos a quien lo necesita a precios correctos, no hay más que hablar.

Además, es sangrante exigir a las sociedades públicas que desaparezcan de nuestras vidas, cuando son justo esos bancos los grandes beneficiados de las facilidades ofrecidas por los gobiernos, que les prestan el dinero a precios más bajos que los del mercado y que, en última instancia, son la última esperanza para su supervivencia si vienen mal dadas.

Ejemplos sobre nacionalizaciones temporales en estados rabiosamente capitalistas hay a patadas en estos momentos. ¿Por qué no se puede salvar, entonces, a ciudadanos en aprietos, autónomos con la soga al cuello o a pequeñas empresas en riesgo de quiebra? Si los bancos privados no son capaces de atender a estos clientes, ¿por qué no puede hacerlo una banca pública?

Transparencia y sensibilidad social. No obstante, construir una banca pública exige también grandes dosis de transparencia, gestores capacitados, responsables sensibilizados con las necesidades de pequeñas empresas y consumidores, así como autoridades receptivas ante las demandas justas de créditos impulsores de empleo y bienestar social. Es más, la obra social, puntal básico de estas entidades hasta la fecha junto a la participación publica y la no existencia del ánimo de lucro, podría asociarse también a su desempeño futuro.

Merece mención aparte el complicado encaje de estos bancos públicos dentro de la restrictiva legislación de Bruselas, especialmente puntillosa con todo lo que sea de justicia social y pueda poner en entredicho el imperio del mercado.

Este es, en definitiva, el enfoque: hay que cambiar el único objetivo del máximo beneficio dinerario por el de beneficio social sin caer en el desbarajuste financiero. No se trata de regalar el crédito; se trata de ser más justo y equilibrado en el trato y en los objetivos.

Y esto de la banca pública, aunque parezca desatinado a algunos, no es ningún invento.

Hay países europeos con esta vocación. Alemania es el modelo más citado, ya que sostiene una red de bancos regionales, con mayor o menor fortuna en su gestión y en las aspiraciones sociales de sus objetivos, que funciona bajo titularidad pública. Bien es verdad que el Gobierno de Berlín ha tenido diferentes enfrentamientos con las autoridades de Bruselas en el pasado reciente, al entenderse que practicaban competencia desleal por contar con garantías estatales. No es de desdeñar, por otra parte, las serias dificultades financieras de algunas entidades alemanas, que han tenido que ser rescatadas por el propio Gobierno o se han abierto al capital privado.

Herramienta sostenible. Pero, hoy, más que nunca, la banca pública es una herramienta sostenible y beneficiosa para la sociedad, y el momento crítico que afrontan muchas cajas de ahorro, que han naufragado en el «mar del ladrillo», abre la posibilidad de diseñarla con visión de futuro.

Según ha publicado el diario «El País», el conjunto de las cajas del Estado español tiene en la cuerda floja -exposición inmobiliaria potencialmente problemática- más de 98.0000 millones, para los que tiene destinados una cobertura superior a los 29.000 millones, es decir, el 30%. En el caso de las entidades vascas, incluidas Banca Cívica, BBK-Caja Sur, Kutxa y Vital Kutxa, esa cifra de altísimo riesgo supera los 11.000 millones de euros, y su cobertura asciende hasta los 3.600 millones de euros.

Por tanto, la reestructuración del sector podría ser utilizada, paradójicamente, en el comienzo de una nueva era para el sistema financiero.

Bien es cierto que su transformación y acomodo a un deseable proyecto de banca diferente exige fuertes inyecciones de dinero público por la delirante exposición al «ladrillo» de los últimos años. Del mismo modo, se hace indispensable apartar sin demora a todos los gestores y consejeros que han participado en el derrumbe.

Con la creación de una banca pública se evitaría, asimismo, dejar las cajas en manos de los bancos que, con distinto grado de culpabilidad, han participado en el fomento de la crisis al cerrar el grifo del crédito a empresas y particulares hasta arruinarlos. Así, se presenta una oportunidad histórica para abrir un boquete de justicia en el monolítico sistema financiero.

Desgraciadamente, no hay la más mínima señal de que esta coyuntura vaya a ser aprovechada para girar hacia la dirección correcta.