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Televisiones autonómicas, ¿un modelo en revisión?
¿Son las televisiones autonómicas un lujo, como opinó hace poco una dirigente del PP? ¿Desangran las cuentas regionales, como dijo un presidente autonómico? La crisis ha abierto el debate sobre la continuidad o privatización de estos canales en el Estado español.
GARA | MADRID
Las televisiones autonómicas del Estado español gestionan un presupuesto superior a los 1.600 millones de euros. Dan empleo directo a unas 10.000 personas, aunque sus pérdidas superan los 1.700 millones de euros. En prácticamente todas las comunidades puede sintonizarse un canal propio, financiado en su mayor parte con recursos públicos. Sólo Nafarroa, Cantabria, Castilla y León y La Rioja han renunciado a contar con una televisión autonómica.
Con mejor o peor fortuna, estas televisiones se han hecho un hueco en las audiencias, pero su alto coste ha puesto en el centro del debate la continuidad del modelo actual de gestión o la posible privatización de estos entes, sobre todo en un momento en el que la crisis económica ha mermado las arcas regionales.
Si hay algo que revisar para controlar el gasto, el presidente navarro, Miguel Sanz, lo tiene muy claro: las diputaciones provinciales, porque consumen más recursos de los que aportan; el «excesivo» número de entidades locales; las televisiones autonómicas, que «desangran» los presupuestos, y las «embajadas»de las comunidades. Aunque Nafarroa sigue sin tele autonónima, su gobierno sí subvenciona algunas privadas, como el Canal 4 o el Canal 6.
El Gobierno de Lakua, por el contrario, consideraría un «retroceso la privatización». Euskal Telebista cuenta con cinco cadenas y sus cuentas para este año ascienden a 140 millones de euros (un 3,9 por ciento menos que el pasado año).
Al gallego o al valenciano tampoco parece que les entusiasme mucho la posibilidad de privatizar la gestión. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, opina que las autonómicas son «eficientes, útiles y están bien dimensionadas». Para el presidente valenciano, Francisco Camps, el ente de su comunidad es un «patrimonio de los ciudadanos valencianos» y un instrumento para la «defensa» de su lengua. En Andalucía, se contempla la información como un servicio público.
La Generalitat no se plantea la privatización, como tampoco lo prevén los gobiernos con canales más pequeños, como Asturias, Baleares o Aragón.