El Ejército egipcio, encargado de la gestión del país desde la marcha del presidente Hosni Mubarak, anunció ayer la disolución del Parlamento y la suspensión de la Constitución, que será enmendada.

En su «comunicado número cinco», el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, a quien Mubarak transmitió el poder el viernes, anunció la disolución de la Asamblea del Pueblo y de la Shura, las dos cámaras del Parlamento, ampliamente dominado por los miembros del Partido Nacional Democrático (NDP) del ex presidente Mubarak.

La disolución del Parlamento, surgido de unas elecciones celebradas el año pasado bajo acusaciones de fraude masivo, y la revisión de la Constitución, a la que se acusa de limitar las condiciones para optar a la candidatura a la Presidencia, forman parte de las principales reivindicaciones de los manifestantes que han obligado a Mubarak a marcharse.

El Consejo Supremo anunció también, en un texto leído por una presentadora de la televisión pública, «la suspensión de la Constitución» y la creación de una comisión para enmendar la Carta Magna y organizar un referéndum sobre los cambios.

El Consejo Supremo, instancia formada por una veintena de generales, añadió que «asume la dirección de los asuntos del país provisionalmente durante seis meses, es decir, hasta que se celebran elecciones legislativas y para la Presidencia de la República».

«El líder del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas [el nuevo hombre fuerte del país, el mariscal Mohammed Hussein Tantawi] representará a esta institución ante todas las partes, tanto en el interior como en el exterior», añade el comunicado de los militares.

Junto a ello, añaden que gobernarán mediante decretos con valor de ley durante el periodo transitorio y que el Gobierno de Ahmad Shafic está encargado de seguir trabajando hasta la formación de un nuevo Ejecutivo.

Tal y como hizo el sábado, el Ejército se comprometió a mantener en vigor los tratados internacionales suscritos por Egipto, en un intento de lanzar un mensaje de tranquilidad a EEUU e Israel, con quien El Cairo suscribió un tratado de paz en 1979. Sólo Jordania tiene un acuerdo similar al suscrito por Egipto e Israel entre todos los países árabes.

Este acuerdo supone para el Ejército egipcio un importante apoyo financiero de EEUU, estimado en 1.300 millones de dólares [960 millones de euros] al año.

Israel, satisfecho

El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, dio muestras de haber entendido el mensaje de los militares egipcios y, en una entrevista concedida a la emisora estadounidense ABC, declaró que los cambios vividos en Egipto «no suponen ningún riesgo» para las relaciones entre ambos estados. Junto a ello, descartó que la revuelta egipcia sea similar a la Revolución Islámica de Irán de 1979.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el 7 de febrero en la Knesset [Parlamento] que existía el riesgo de que las protestas egipcias desembocaran en una república islámica similar a la de Irán. Las palabras de Barak son, por tanto, una constatación de que Israel da el visto bueno a la salida que los militares ofrecen a la crisis en Egipto, después de que Netanyahu se negara ayer a valorar la situación en su país vecino tras el Consejo de Ministros. Únicamente se limitó a destacar la importancia de mantener buenas relaciones con Egipto y a subrayar el carácter estratégico del acuerdo de paz entre ambos estados.

La Embajada de EEUU en El Cairo señaló a la periodista de ABC Christiane Amanpour que Egipto sigue siendo un aliado de Washington.

El propio presidente de EEUU, Barack Obama, se manifestó en este sentido el sábado, después de que el Ejército egipcio señalara que mantenía en vigor todos los tratados internacionales.

Horas antes de que se difundiera el comunicado de ayer del Ejército, el primer ministro egipcio, Ahmad Shafic, declaró que la prioridad de su Gobierno es «restaurar la seguridad y facilitar la vida cotidiana de la población». Asimismo, destacó que Mubarak sigue en Egipto, desmintiendo las informaciones que señalaban que había abandonado el país.

La ex senadora Piedad Córdoba, designada mediadora en 17 liberaciones de rehenes de las FARC, algunas de ellas culminadas con éxito este fin de semana, reclamó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, autorización para hablar con la guerrilla en busca de un diálogo de paz.