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Dos nuevas sentencias por amianto contra las empresas Kaefer y Sidenor

El goteo de sentencias a favor de los familiares de trabajadores afectados por el amianto continúa y pone de manifiesto la falta de prevención frente a ese mineral cancerígeno. Pero, sobre todo, muestra el difícil camino que se impo- ne a los afectados para conseguir que la enfermedad sea declarada profesional -en el caso de Aceros de Llodio y Forjas Alavesas- o que una empresa que trabajó con amianto -Kaefer- sea condenada por falta de medidas de seguridad.

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Juanjo BASTERRA | BILBO

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado el recargo de prestaciones del 50% por la falta de medidas de seguridad en la empresa Kaefer Aislamientos, antes Montero Fibras y Elastómeros, que ha provocado una asbestosis y posterior mesotelioma al ex trabajador Eusebio Pabola que se encuentra ya incapacitado para poder desplazarse de forma autónoma.

Ese alto tribunal también ha sancionado a Sidenor Industrial, Cofivacasa, SEPI y las mutuas Universal y Asepeyo a abonar a la viuda del trabajador de Aceros de Llodio y Forjas Alavesas Juan González Martín la prestación por enfermedad profesional, debido a la muerte por la asbestosis que desarrolló después del contacto directo con el mineral cancerígeno. La condena supone que su viuda percibirá el doble de la pensión de viudedad que tenía en este momento.

Fábrica de amianto

Eusebio Pabola presentó una demanda de recargo de prestaciones del 50% contra la empresa donde trabajó desde 1971 a 1998 como mecánico de reparación y mantenimiento de descarga y estiba en el almacén. Como destaca la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior, «entre 1971 y 1973, la empresa Montero Kaefer compartió instalaciones con Montero Fibras y Elastómeros, dedicada a la actividad de fabricación de material de amianto, en la localidad de Retuerto, aunque desde 1973 se desplazó a Arrigorriaga».

Pabola se encuentra en estos momentos con un mesotelioma pleural, después de que en 1998 se le declaró «afecto a una incapacidad permanente», entre otras razones, por asbestosis. En 2006, la Seguridad Social le declaró una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional por asbestosis pleural y un tipo de mesotelioma, que es un cáncer. En 2009, la Seguridad Social denegó la petición de Eusebio Pabola «pidiendo la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, por lo que no le impuso el recargo». Sin embargo, la logró en marzo de 2010, pero la empresa recurrió hasta que el Tribunal Superior ha confirmado el recargo del 50% contra Kaefer.

En el caso del trabajador siderúrgico de Aceros de Llodio y Forjas Alavesa, y sus sucesoras, la sentencia reconoce que Juan González Martín, que falleció en enero de 2008, trabajó en la acería de esa empresa en contacto con el amianto. Está confirmado que en la planta de Laudio se trabajaba con amianto, aunque en la sentencia se reconoce que la viuda del ex trabajador ha tenido que utilizar la vía judicial para garantizar que la muerte de su esposo se debió a enfermedad profesional. La decisión judicial permitirá que la viuda pase a percibir de una pensión de 595 euros a otra de 1.600 euros al derivar la asbestosis que padeció el trabajador de enfermedad profesional. Además, el fallo exige a Sidenor, Asepeyo, Mutua Universal y Cofivacasa que la revaloricen.

La estrategia de salud laboral 2001-2014 llama a «concienciarse»

Los integrantes de la mesa de diálogo social de la CAV presentaron ayer en Gasteiz «la estrategia de seguridad y salud en el trabajo entre 2011 y 2014» que incluye diez medidas. La primera se refiere «fortalecer la cultura preventiva en la sociedad» y pretende, según expresó la viceconsejera de Trabajo, Sonia Pérez, que «se integre la historia médico-laboral en la historia clínica personal del ciudadano». Los acuerdos entre Osalan y Osakidetza para el traspaso de información que datan de comienzos de este siglo hasta la fecha no han sido eficaces, como han denunciado las centrales sindicales y, sobre todo, los afectados por amianto.

El pasado 10 de febrero se cumplieron 15 años desde el inicio de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que fija que son los empresarios los responsables de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, la formación y la información. Sin embargo, la primera medida de la estrategia de Lakua es «fortalecer la cultura preventiva en la sociedad» y le sigue «establecer y consolidar mecanismos estables para la colaboración entre agentes implicados en la prevención, tanto públicos como privados».

Hay un «compromiso» de la Administración pública en esta materia, «la inspección y el control del cumplimiento de la normativa de prevención en los centros de trabajo». En este caso Sonia Pérez destacó que el traspaso de las competencias mejorará esa posición, aunque se sabe dónde está el problema de la falta de prevención, pero no se avanza. El acuerdo dice que se priorizará la vigilancia de la salud. Juanjo BASTERRA

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