Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Lezama en un asunto urbanístico, que se suma a otros que están recibiendo repetidamente alcaldes del PNV en municipios del Txorierri como Derio y Zamudio.

En un auto comunicado a las partes el jueves pasado, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo acuerda por unanimidad de los siete magistrados que la componen desestimar los recursos de casación interpuestos por el Consistorio y la Diputación vizcaina contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló las Normas Subsidiarias (NNSS) por, tal y como defendía la asociación vecinal Lezama Bizirik, omitir «trámites urbanísticos y ambientales esenciales que han afectado al derecho de participación».

En esa sentencia, de junio de 2009, que ahora la máxima instancia judicial española ratifica, los magistrados del TSJPV consideraron probado que se incumplió el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, por que en la primera revisión de las NNSS se refrendó inicial y provisionalmente por el Pleno municipal de Lezama sin que previamente se hubiese pronunciado el Departamento vizcaino de Medio Ambiente. El TSJPV estimó «relevante» el vicio de tramitación y por ello aceptaron la demanda de nulidad del documento de revisión de las Normas.

En este caso, no sólo se da la razón a lo expuesto en la resolución judicial, sino que la Sala condena al Ayuntamiento y a la Diputación a que se hagan cargo de las costas ocasionadas por su recurso, que se evalúa en 1.000 euros a abonar por éstos.

Una vez que el Supremo les ha dado la razón, Lezama Bizirik efectuó ayer una valoración de urgencia, a la espera de analizar más en profundidad la sentencia y las consecuencias que se derivan de ella en el futuro. En primer lugar, la asociación vecinal solicitó al Consistorio, especialmente a su alcaldesa, la jeltzale Alaitz Etxeandia, que «abandone la política de imposición que viene practicando».

Asimismo, el colectivo ciudadano reclamó a los responsables municipales que paralicen todos los trámites urbanísticos que se están acometiendo aún en base a las NNSS definitivamente anuladas. A este respecto, Lezama Bizirik fija su atención en las tramitaciones efectuadas para sacar adelante la urbanización de Txupetxa.

De nuevo, Txupetxa

Lezama Bizirik viene denunciando que el Consistorio ha proseguido con el proceso de aprobación del Plan Especial de Ordenación Urbana (PEOU) de Txupetxa para «avalar» las tesis de la familia de la alcaldesa, antiguos propietarios de los terrenos, enfrentados en los tribunales con unos promotores.

A raíz de la inseguridad jurídica creada por la sentencia del TSJPV sobre las NNSS, las empresas acudieron a los juzgados para que les devolvieran los 2,2 millones de euros que abonaron en un primer pago, mientras los Etxeandia han hecho lo propio para que las formas les paguen los 3,1 millones que aún no les han entregado. Las constructoras ya anunciaron en 2009 que no tenían intención de edificar, a pesar de que aún recientemente el Consistorio comunicó que seguía con sus planes.

Por su parte, la asociación ciudadana, que aún no había presentado el recurso por la aprobación definitiva del PEOU de Txupetxa, avanzó que va a reclamar la ejecución de la sentencia del Supremo. A su entender, esto supondrá la paralización del Plan Especial antes citado, al que consideran una derivada de las Normas anuladas.

Además, reivindicaron un nuevo Plan General, «donde prevalezca el interés general y los criterios de sostenibilidad».