El presidente y el director general de GHK, Carlos Ormazabal y Joxi Etxezarreta, respectivamente, confirmaron ayer la adjudicación provisional de la construcción, puesta en marcha y explotación de la incineradora de Zubieta a la alianza de empresas de FCC, Zerbitzu Elkartea, Altuna y Uría y AE&E Innova, por un importe de 223,4 millones de euros más el IVA. La adjudicación contempla además la explotación del complejo durante cinco años por 5,4 millones, otros 4,1 euros por cada tonelada incinerada y un coste de reposición y mantenimiento de 3.556.200 euros máximo de media al año durante los 5 primeros años.

Ormazabal afirmó que esta alianza empresarial ha sido elegida «de forma unánime» y, de esta forma, quiso despejar cualquier duda sobre si ha habido irregularidades en el proceso. La unión de empresas encabezada por Befesa había presentado una propuesta diez millones de euros por debajo, pero, según el presidente de GHK, dicha cantidad «se compensa» por el menor consumo y mejor rendimiento de generación eléctrica. Ormazabal rechazó las «graves acusaciones» de «prevaricación» recibidas desde algunos secto- res y dijo que el proceso de licitación ha sido «escrupuloso y transparente».

Ante las preguntas sobre la licitación o financiación, Ormazabal manifestó que la prioridad de GHK es el reciclaje y que su objetivo es llegar a reciclar el 60%; «esto nos pone a la cabeza de Europa».

La incógnita todavía está en qué se hará con las escorias y cecinas tóxicas que provocará la quema de residuos en los hornos de Zubieta. Ormazabal habló de una planta de maduración de escorias, las cuales aseguró que se reutilizarán en la construcción o en carreteras. Los residuos que provoca la quema de basuras son mucho más tóxicos que la misma basura. Debido a los filtros de la incineradora, que evitan las emisiones por chimenea, estas escorias y cenizas contienen sustancias de elevada toxicidad con metales pesados, dioxinas y furanos. Al utilizar estos materiales para hacer obras se estaría distribuyendo residuos contaminantes por toda la geografía. Aun así, Ormazabal zanjó el tema asegurando que «tienen tres años para pensar qué hacer».