El cierre de TV3 en el País Valencià, que desde ayer ha dejado de verse, provocó una cascada de críticas y también protestas en la red. Hoy entra en vigor una modificación de la ley audiovisual que sanciona a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) con 60.000 euros quincenales si sigue emitiendo y, además, la entidad debe pagar antes del 20 de marzo más de 600.000 euros en multas bajo el riesgo de embargo de cuentas, subvenciones y bienes inmobiliarios, porque la Generalitat valenciana estima que sus emisiones «no se ajustaban a la legalidad vigente».

Ante la elevada cuantía de las sanciones, que podrían en riesgo la supervivencia de ACPV, que cree que la modificación normativa busca únicamente su ahogo económico, su junta directiva tomó la decisión de dejar de emitir a las 21.30 de ayer.

A lo largo del día se sucedieron las reacciones y decenas de webs del espacio comunicativo catalán apagaron sus páginas ante lo que consideran, igual que el Colegio de Periodistas de Catalunya, un ataque a la libertad de expresión e información.

El grupo de ciberactivistas Anonymous atacó e inhabilitó ayer la web oficial del PP valenciano.

Acción Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural y la Obra Cultural Balear reprocharon al Govern valenciano el acoso a ACPV y pidieron a los gobiernos de Catalunya e Illes Balears «que se pongan de acuerdo para resolver la situación» y «reaccionen ante este ataque aprobando la iniciativa legislativa popular Televisión Sin Fronteras».

La Generalitat catalana dijo no entender el apagón de TV3 y pidió al Gobierno español que intervenga. Aseguró que hay una frecuencia de televisión a disposición de Canal 9 y que «la reciprocidad es absoluta». Desde el País Valencià niegan esa reciprocidad, de lo que culpan al Gobierno español y aseguran no está dispuestos a «restringir el espectro en favor de una televisión de otra comunidad autónoma».