Incluso para una sociedad históricamente tan movilizada como la vasca, la concatenación de manifestaciones nacionales exitosas en los últimos meses es una noticia de impacto. Porque la manifestación de ayer en Bilbo no supone un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia. La cadena de acontecimientos políticos en Euskal Herria avanza tan rápido que se corre el riesgo de olvidar algunos eslabones, y por eso conviene empezar por recordar que la secuencia de movilizaciones recientes resulta apabullante.

Sólo en los cinco últimos meses se contabilizan otras tantas manifestaciones muy cuantiosas y, además, notablemente plurales. El 2 de octubre, en Bilbo, fueron 46.000 las personas que secundaron la convocatoria por todos los derechos humanos, civiles y políticos. Cuatro semanas después, el 30 de octubre, 20.500 vascos reclamaron en Donostia el final de la práctica de la tortura. El 8 de enero, de nuevo en la capital vizcaina, 64.000 reivindicaron el fin de la actual política carcelaria. Dos semanas después, esta vez en Iruñea, unos 10.000 manifestantes denunciaron la proliferación de redadas policiales. Sumando los 40.000 de ayer en Bilbo por la legalización se obtiene una cifra seguramente inédita: 180.000 manifestantes sólo en cinco meses.

Algunas de estas protestas respondían a razones de pura actualidad. Así, la del 30 de octubre coincidía con el juicio por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola, aunque tenía como referencia también la sucesión de testimonios de maltra- tos en las últimas redadas; la del 22 de enero respondía a la operación policial contra once jóvenes navarros acusados de actividades políticas; y la ayer daba réplica a las trabas para legalizar Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale. Eran iniciativas espontáneas, por tanto. Sin embargo, si se observa todo el conjunto, se comprueba que las cuestiones que se han ido demandando en ellas coinciden plenamente con el guión de condiciones mínimas para un escenario democrático fijado en el Acuerdo de Gernika.

En el texto se enumeran estas peticiones: un alto el fuego permanente, unilateral y verificable de ETA; la desaparición de amenazas, persecuciones y torturas; el cese de la política carcelaria; la revisión de procesos judiciales y derogación de leyes y tribunales especiales; y el levantamiento de restriccciones a la actividad política.

Del éxito de este ciclo movilizador se extrae, por tanto, una conclusión primera: El Acuerdo de Gernika está en la centralidad de las preocupaciones ciudadanas que se plasman en esta serie de movilizaciones, aunque ayer tanto José Antonio Pastor (PSE) como Antonio Basagoiti (PP) aseguraran antes de la marcha que la legalización no es una preocupación social en este país. Pues más vale.

La participación en estas movilizaciones contrasta por ejemplo con la registrada el pasado 28 de enero en la marcha anual de Gesto por la Paz. Se trató de una movilización centrada en reclamar la desaparición de ETA, y reunió a aproxidamente mil personas. Ese es un dato objetivo, aunque tampoco deba tomarse como evidencia absoluta de nada; lógicamente, hay muchas más de mil personas en Euskal Herria que creen que ETA debe disolverse ya, de modo inmediato.

El problema de los convocantes era que la gran parte de la sociedad vasca, incluidos dirigentes del PSE, son conscientes de que esa cuestión de la desaparición de ETA puede utilizarse como excusa política para prolongar inmovilismos, pero no resulta realista en términos históricos ni viable a corto plazo. Y, en consecuencia, no parece constituir un gancho atractivo para que más de mil personas se echen a la calle en la tarde de un sábado de enero.

El PP y el PSOE -al menos el PSOE de Rubalcaba- siguen intentando parapetarse tras ese tótem, y de hecho casi nadie en el Estado español osa cuestionar públicamente el argumento de que hay que permanecer quieto parado hasta que ETA se disuelva. En la rueda de prensa ofrecida en Madrid por los representantes de Sortu, fue la pregunta más coreada: «Si quieren tener credibilidad, ¿por qué no exigen aquí la disolución de ETA?».

Discursos tan tópicos y facilones chocan luego con realidades como la del pasado martes. Otros periodistas similares preguntaron en Bilbo al Grupo de Contacto Internacional si tenía alguna demanda para la organización armada, y no hallaron la respuesta de manual que habría dado cualquier político de Madrid -y seguramente también vasco-, sino otra que al parecer suscitó cierto escándalo: «En este momento no tenemos nada que pedirle a ETA».

Hay que recordar que quienes lo dicen no son mediadores de parte, sino facilitadores de la solución al conflicto. Facilitadores que, tampoco se olvide, hicieron exigencias notables y muy concretas a ETA en la Declaración de Bruselas, mientras que al Estado le dirigieron formulaciones más ambiguas y con bastante más margen de maniobra. Pero los hechos son los hechos. Y ocurre que un año después ETA ha respondido afirmativamente a aquella petición internacional, mientras del Estado se sigue esperando incluso el primer paso de esa «respuesta debida».

La agenda movilizadora que se ha ido construyendo a sí misma en estos meses refleja, por tanto, dónde están los déficits y señala en una dirección clara: la del Estado. En su debe aparecen dos cuestiones principales: la legalización y la política carcelaria. Llegados a este punto, la opción más sensata para sus intereses en Euskal Herria sería que el Gobierno español desinflara esa burbuja movilizadora dando pasos, aunque fueran insuficientes, pero desgraciadamente la historia no muestra que los ejecutivos españoles hayan hecho del sentido común su norma de actuación en este país. Y la desidia del gran socio del PSOE, el PNV, ante las últimas manifestaciones permite intuir que el inmovilismo va a seguir siendo la norma.

Sea como sea, la cadena de movilizaciones realizadas en estos meses, y las que seguro vendrán, es una siembra de futuro. Las cinco manifestaciones no sólo han marcado con nitidez el guión de la demanda popular vasca. También han servido para tejer alianzas y complicidades que preparan un futuro mucho mejor. Y aunque, ojalá, finalmente fuera un Tribunal Supremo o un Constitucional español quien legalice a Sortu, Euskal Herria sabrá que esa transición hacia la democracia no emanó de la generosidad española, sino de la intensa movilización vasca y la iniciativa de la izquierda abertzale.

El futuro de Egipto sin Mubarak no será igual después la revuelta popular que si el dictador hubiera caído -supongamos- inhabilitado por un tribunal. Y el Estado español sería hoy muy diferente si a Franco lo hubieran derrotado los españoles en la calle y no su reloj biológico en la cama. Del mismo modo, la Euskal Herria del futuro será mejor si es su pueblo quien empuja esta transición, como han hecho estos 180.00 impulsos.