La toma de contacto del Gobierno filipino las guerrillas rompe con la postura mantenida por la anterior presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, quien era recibida con todos los honores y parabienes en Occidente mientras llevaba adelante una campaña contra la insurgencia, en el marco de la cual la violación de los derechos humanos alcanzó sus cotas más altas de los últimos años.

Durante más de 42 años de insurgencia, por lo que ha atravesado distintas fases, la guerrilla del CPP se enfrentó a la dictadura de Marcos y a los cuatro gobiernos posteriores salidos de las urnas. Desde su fundación, en 1968, y durante la dictadura, la guerrilla creció rápidamente y se fue asentando, con el apoyo de importantes sectores de la población, en buena parte de Filipinas. Los primeros años de la llamada «transición democrática» sirvieron al Ejército para impulsar una campaña de terror que se extendió a los militantes de organizaciones políticas y de base que simpatizaban con las demandas del CPP y de su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).

La capacidad movilizadora y operativa del CPP-NPA se ha recuperado después y ha dado lugar a organizaciones que obtienen buenos resultados electora- les, mientras afrontaba diferentes intentos de encauzar conversaciones de paz con el Gobierno, y hacía frente a la brutal campaña del Ejecutivo de Arroyo.

Los acercamientos -y fracasos- entre Manila y la guerrilla comunista se han sucedido desde hace más de 25 años, bajo la Presidencia de Cory Aquino. En 1992, se firmó la declaración de La Haya, que estableció para la negociación una agenda con cuatro ejes centrales: reformas socio-económicas, derechos humanos, reformas políticas y consti- tucionales y cese de hostilidades.

Tres años después, el Acuerdo Conjunto de Garantías de Inmunidad y Seguridad (JASIG) se aseguraba que el grupo negociador del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP), una coalición de sindicatos, partidos y otros movimientos, entre los que estaba el CPP, no fueran perseguidos por su papel negociador.

De estos intentos negociadores nació, en 2004 y con la asistencia de Noruega como facilitador internacional independiente, el Comité Conjunto para la Monitorización (JMC), que se encargaría de investigar las violaciones de los acuerdos.

Ese mismo año, el NDFP abandonó las conversaciones tras la decisión del Gobierno de Arroyo de renovar la inclusión del CPP-NPA y de alguno de sus líderes en la lista «de personas y organizaciones terroristas», así como por el escándalo que siguió a la reelección de Arroyo.

Sus posteriores tentativas de combinar política represiva con falsos intentos de negociación dificultaron aún más el complejo equilibrio negociador.

En los dos últimos años se han producido nuevos impulsos en el complejo puzzle negociador filipino. En 2009, gracias al trabajo de cocina de Noruega, el Gobierno reconoció que un alto el fuego «no era una condición previa para iniciar las negociaciones», reinstauró el JASIG y se planteó liberar algunos presos políticos.

El año pasado, con la toma de posesión de Aquino, el Ejecutivo se mostró dispuesto a un alto el fuego y a retomar las negociaciones. El CPP rechazó la oferta, pero dejó la puerta abierta y, en diciembre, tuvieron lugar en Hong Kong contactos que posibilitaron una tregua en Navidad. El proceso continuó en enero en Oslo, donde se acordó el inicio de conversaciones formales sin condiciones previas, y que han tenido lugar entre el 15 y 21 de este mes.

El camino iniciado será largo, pero pese a las dificultades que surjan, como las recientes detenciones de figuras del CPP, ambas partes parecen dispuestas a profundizar esa vía. También es importante el papel de Noruega, que han continuado apoyando el proceso a pesar de las sucesivas rupturas puntuales.

Otra insurgencia armada que opera con fuerza en el sur del archipiélago, el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF), también ha iniciado conversaciones con el Gobierno filipino en Kuala Lumpur, capital de malasia. De momento, parece que ambas partes han acordado renovar por otro año el mandato del grupo internacional de monitorización en el sur del archipiélago. También han intercambiado propuestas y volverán a reunirse los próximos 29 y 30 de marzo.

Al igual que en el caso de la guerrilla comunista, este proceso también puede estar afectado por movimientos contradictorios que pueden poner en un difícil trance su desarrollo. El pasado año se filtró la posibilidad de que dentro del MILF hubiera tenido lugar un escisión, y estos días parece que la noticia se confirma con el anuncio de la creación del grupo Luchadores Islámicos de la Libertad Bangsamoro (BIFF), que anuncia su intención de continuar la lucha contra los militares filipinos y lograr en Mindanao la instauración de un Estado independiente e islámico.

Los obstáculos planean sobre este nuevo escenario. Desde las reticencias e intentos de sabotaje por importantes sectores de los poderes fácticos temerosos de perder su privilegiada situación hasta las tácticas de algunos representantes de la Administración que buscan dividir a las organizaciones guerrilleras para debilitar su posición.

Lo que no cabe duda es que para lograr una paz justa y duradera se deberán afrontar las raíces del conflicto. La política discriminatoria hacia los pueblos indígenas, la venta de los recursos del país a las grandes multinacionales, los abusos de las fuerzas de seguridad y sus aliadas milicias paramilitares, la injusta distribución de la tierra o la necesaria reforma agraria, son algunas de la cuestiones que se deberán abordar en cualquier intento serio de llevar adelante un proceso de paz que algunos comienzan ya a vislumbrar en Filipinas.