(...) En la cúspide de los comportamientos decisivos hay que situar sin duda al Jefe del Estado, certeramente asesorado por Sabino Fernández Campo. En torno al papel del Rey se ha especulado continúa especulándose mucho. Es cierto que no hay una explicación convincente acerca de las muchas horas que pasaron hasta que pasada la una de la madrugada, se dirigió a los españoles (...). Pocas dudas existen de que Don Juan Carlos se ganó ese día su legitimidad de ejercicio como Rey de España, por mucho que él, de forma tal vez frívola e inconsciente alentara los delirios golpistas de parte del Ejército con sus críticas hacia Adolfo Suárez.

Treinta años -aunque sean pocos en términos históricos- dan suficiente perspectiva para analizar los hechos con frialdad. De los conflictos sociales y amenazas políticas que sirvieron de excusa a los golpistas, el más lacerante,-que es el terrorismo de ETA- parece encauzado gracias a la firmeza del Estado de Derecho. Pervive, sin embargo, el de mayor trascendencia para el futuro de la nación, que es el separatismo y los planteamientos de determinadas fuerzas políticas que tratan de erosionar el funcionamiento del Estado, bien sea impulsando proyectos independentistas o negándose a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo. Esta desestabilización permanente de la democracia española debe de ser abordada por los partidos mayoritarios y las instituciones, una vez que los nacionalistas han optado por la deslealtad. Aquella imagen del Rey con todos los líderes políticos en la tarde del día seiguiente rubricó la normalidad constitucional. Ahora aquel acuerdo de Estado debe ser actualizado a través de una reforma de la Constitución para garantizar dentro de 30 años la viabilidad del sistema de convivencia y en Estado de Derecho que España supo defender aquel 23-F.