En una entrevista al diario «Berria», el lehendakari Patxi López dejó bien claro que no daba ni daría credibilidad alguna a las denuncias de torturas hasta que no hubiera una sentencia firme de la Justicia. Y cuando el periodista le indicó que los informes de los expertos de la ONU sí que les concedían credibilidad, el lehendakari insistió en negársela.

Por desgracia, ésa parece ser la postura oficial del PSE y del actual Gobierno de Lakua al respecto, porque la consejera de Educación, Isabel Celaá, ha insistido en la necesidad de que haya sentencias judiciales firmes para poder incorporar a las aulas casos de víctimas policiales, añadiendo que su Departamento tenía la intención de ser «muy riguroso» en la selección de dichas víctimas.

Y tan riguroso, porque la exigencia de esas sentencias judiciales firmes excluye a la inmensa mayoría de las víctimas del Estado que nunca han recibido ni reconocimiento oficial ni reparación alguna. Tanto durante la dictadura franquista como durante la llamada transición y estos últimos 25 años, la negación de esas víctimas ha sido una constante.

El informe del anterior director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Mirena Landa, identificó al menos 75 muertos por actuaciones policiales y parapoliciales, en manifestaciones, controles u otro tipo de actuaciones, sin que se hayan dado apenas sentencias condenatorias. Y con las víctimas de la tortura por motivación política en dependencias policiales, que han sido unas 10.000 durante estos últimos 50 años, ha sucedido otro tanto.

En la misma sesión parlamentaria de la Comisión de Educación en la que puso como condición la existencia de sentencias judiciales firmes, Isabel Celaá sacó a relucir varias veces al profesor del aula de Ética de la Universidad de Deusto Xabier Etxeberria, que es sin duda una referencia indiscutible para el PSE en el tema de las víctimas, y ensalzó su trabajo «Sobre la tortura, perspectiva ética y propuesta pedagógica».

Ahora bien, en dicho trabajo, Etxeberria afirma que «la tortura no se ha desterrado, se ha hecho secreta. Y esto ha supuesto ciertos agravamientos», uno de los cuales es que si el torturador «es inteligente como para no dejar huellas, si está `bien protegido por el sistema', nadie sabrá lo que ha hecho, nadie le pedirá cuentas, el torturado no tendrá a quién reclamar. Este secretismo, por un lado, garantiza la impunidad del torturador y, por otro, deja sumida a la víctima en el mayor desamparo no sólo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparación debida por lo que se le ha hecho».

Ante ello, subraya la importancia de continuar la batalla por desterrar la tortura, y recomienda tratar de «hacerla pública, de hacer que se sepa, de airearla con vigor, no sólo para que se acabe con la impunidad de los torturadores, sino para que haya una verdadera regeneración democrática y especialmente para que las víctimas puedan tener la justicia y reparación debidas».

Para conseguir dicho objetivo, Xabier Etxeberria propone como criterio «que se reconozca que se da al menos tanta tortura como la que viene avalada por las decisiones judiciales y por organismos internacionales de probada honestidad e imparcialidad» (menciona a Amnistía Internacional, el CPT del Consejo de Europa, el CAT y el Relator para la Tortura de la ONU...), y también por «organismos locales de similar imparcialidad probada».

¿Siguen las autoridades del PSE esa recomendación y ese criterio? Hasta ahora, aunque tanto ensalcen al proponente, desde luego que no, porque hacen todo lo contrario de airear los casos de tortura y, en lugar de aceptar lo que afirman y recomiendan los organismos internacionales y locales mencionados, se escudan en la (in)Justicia para seguir condenando a miles de víctimas de la tortura al mayor de los desamparos.

¿Y en adelante? Es esperanzador el hecho de que se hayan decidido, por fin, a apoyar una proposición no de ley para instar al Gobierno de Lakua a «constituir de manera inmediata un espacio institucional y administrativo» para atender a las víctimas no reconocidas hasta ahora, y a «poner en marcha medidas y actuaciones destinadas a su reconocimiento».

Mucho me temo, sin embargo, que seguirán ocultando la terrible realidad de la tortura y exigiendo pruebas a los torturados, aunque todos los organismos internacionales mencionados subrayen que la no existencia de dichas pruebas, que el régimen de incomunicación hace prácticamente imposibles, no significa en absoluto que las denuncias sean falsas.

En nuestras manos, y sobre todo en las de esos miles de torturados y torturadas, está obligarles a rectificar y a dar nuevos pasos que conduzcan a un rápido reconocimiento y reparación de todas las víctimas. De absolutamente todas.