Desde el pasado viernes 18 hay un canal menos en las televisiones del País Valenciá. La presión de la Generalitat liderada por Francisco Camps (PP) ha terminado por forzar la clausura de TV3, que se emitía gracias a la labor de Acció Cultural del País Valenciá (ACPV). Una actitud que, vista desde Euskal Herria, recuerda bastante a la cerrazón del presidente de Nafarroa, Miguel Sanz, a la hora de permitir la recepción de ETB. Muy a su pesar, Toni Gisbert, coordinador de ACPV, tuvo que anunciar que, de momento, echan la persiana debido a las cuantiosas multas impuestas por el Ejecutivo valenciano, que llegaron a poner en peligro la propia entidad. Aunque no se resigna y piensa plantar batalla en los parlamentos, en los tribunales y en la calle, donde las movilizaciones se suceden desde el viernes.

Acció Cultural del País Valenciá se ha tenido que encargar de gestionar las emisiones de TV3 al sur de los Paisös Catalans. ¿Cómo surge la iniciativa?

Somos una asociación cultural con más de 40 años y trabajamos por la promoción de la lengua y la cultura catalanas. En un momento determinado consideramos que era importante la presencia del catalán en los medios audiovisuales. Durante bastantes años se ha mantenido un cierto estatus quo en el que funcionábamos en la alegalidad. Desde enero de 2007, el gobierno valenciano comenzó a abrir expedientes en los que ejecuta el intento de cierre.

¿Qué argumentos ha utilizado para abrir estos expedientes?

En 2006 se aprobó una ley del sector audiovisual en la que la Generalitat reclama el control de todo el espacio radioeléctrico del territorio valenciano. La argumentación es que no pretende censurar una televisión en concreto, sino poner en orden el espacio radioeléctrico. Pero esto se cae cuando se comprueba cómo existen bastantes televisiones locales o comarcales que se dedican al tarot o al porno y que no están siendo perseguidas. Se ha hecho una ley ad hoc para nosotros. De hecho, el propio Estado ha recurrido esta ley, que está en el Tribunal Constitucional, ya que no le reconoce sus competencias en ciertos ámbitos.

¿Qué consecuencias tiene la aplicación de esta ley?

Con cada expediente abierto se nos comunica que estamos cometiendo una ilegalidad y se nos conmina al cierre de las emisiones. Si no cerramos, se nos multa. Tenemos abiertos tres expedientes con sanciones económicas: una de 120.000 y otras dos de 300.000 euros. La primera multa la pagamos en octubre de 2010 y para las otras dos hemos solicitado un fraccionamiento del pago. Pero la Generalitat se niega y nos da como última fecha de pago el 20 de marzo de 2011. Si no pagamos esos 600.000 euros, irá a la Agencia Tributaria y comenzará el período de embargo de cuentas. El problema es que, en noviembre de 2010, el gobierno valenciano acelera el ritmo y vuelve a jugar sucio, cambiando la ley. Y nos plantea que, o bien cerramos, o nos impondrá unas multas que, al ser reiteradas, serán de 120.000 euros al mes. Nos da un ultimátum hasta el 17 de febrero. Así que nosotros, el viernes 18 de febrero, dimos la rueda de prensa y comunicamos la decisión de cerrar las emisiones de TV3 de forma voluntaria. Que una entidad sin ánimo de lucro tenga que hacer frente a una multa de 120.000 euros mensuales no pone en peligro TV3, sino a la propia entidad.

¿Cuáles son las razones que motivan la obsesión de Camps con la televisión pública catalana?

Camps es un Berlusconi pasado por el nacional catolicismo español. Y persigue a TV3 por dos motivos. El primero, su obsesión por el control mediático. Canal Nou (la televisión pública valenciana) es una de las televisiones más intervenidas políticamente en el Estado. Un segundo motivo de fondo es el profundo españolismo antivalenciano y anticatalán de Camps. Hay otros dos motivos sobrevenidos. El orgullo de un gobierno que pensaba que a una asociación cultural la iba a tumbar en dos días y el efecto cortina de humo, que busca tapar el progresivo desprestigio de Camps por su aparición en el caso Gürtel.

¿Qué iniciativas plantean para hacer frente al cierre de la televisión pública?

Vista la negativa del gobierno al acuerdo de reciprocidad (un pacto por el cual se pueden intercambiar las señales de comunidades que comparten idioma oficial) lanzamos una iniciati- va legislativa popular y una recogida de firmas para aprobar el intercambio de las televisiones en lengua propia entre las comunidades con hablantes de ese idioma. Es decir, los canales catalanes dentro del dominio lingüístico catalán, ETB en Nafarroa y la televisión gallega en territorios que van más allá de la autonomía. Recogimos 651.650 firmas y ahora estamos intentando que entre a trámite parlamentario. Tenemos dos vías: el recurso del Supremo y la propuesta de ley en el parlamento español.

Socialmente también han recibido un importante apoyo. Poca gente entiende la insistencia de un Gobierno en cerrar una televisión pública.

Se ha generado una movilización sin precedentes. Primero estalla en internet. En el ámbito catalán hay una parada de webs durante 24 horas. Esto provoca una cascada de reacciones de partidos y sindicatos que luego se traslada a la calle. Desde el sábado se han registrado concentraciones, tanto en el territorio valenciano como en Barcelona, montadas por esta red, no por nosotros.

La actitud del Gobierno valenciano hacia TV3 tiene similitud con el rechazo del Ejecutivo de Nafarroa a permitir que este herrialde pueda captar la señal de ETB.

Tiene un símil respecto a la actitud. Se trata de una reivindicación compartida, aunque no conozco tanto la situación y cómo actúa el Gobierno de Nafarroa, por lo que no me atrevo a opinar. En el fondo, se trata de reconocer la realidad plurilingüística del Estado. El problema de fondo lleva ya 30 años, y si no se resuelve, las tensiones terminarán estallando.

¿Cree que los valencianos podrán volver a sintonizar TV3 en sus televisores?

Se puede ganar, aunque nos puede llevar años. El problema va a ser los daños que pueden llegar a poner en peligro la entidad.