Juanjo BASTERRA I

El Ministerio español de Trabajo anunció que la Seguridad Social entregará 35 millones de euros por la reducción de la siniestralidad en 2009 a 7.700 empresas. Esta medida es consecuencia de la implantación del sistema de incentivos «bonus». Es decir, aquellas empresas que reducen los partes de baja por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales obtienen descuentos en las cotizaciones sociales.

En principio se recibieron 10.472 solicitudes de bonificación, aunque, tras ser analizadas, se quedaron en 7.700. «El incentivo estimado por las mutuas asciende a 35 millones que abonarán con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación». Según el Ministerio español de Trabajo, «el volumen máximo de recursos existente para el abono de las reducciones a las empresas asciende al 3%, es decir a 116,9 millones del saldo del Fondo de Prevención y Rehabilitación existente al 31 de diciembre de 2009, que acumulaba una cantidad de 3.900,3 millones. En la actualidad ese fondo cuenta con 4.,480,7 millones.

Este incentivo se aprobó el año pasado en el Estado español, pero arranca desde 2009. En otros países también existe, aunque ampliado al «bonus malus», es decir a quienes reducen la siniestralidad se les gratifica con menores cotizaciones, pero allí donde aumenta, las empresas sufren una penalización. Este sistema es muy polémico porque genera un incremento de la picaresca desde los empresarios para que no se declaren ni accidentes ni enfermedades profesionales, elemento que ya se producía antes, incluso, de disponer del incentivo.

«Subregistro»

Según los datos aportados por el sistema de alertas de la Seguridad Social, denominado CEPROSS, el número de empresas con un riesgo de siniestralidad elevado ha descendido en un 40,4% en tres años. En 2010 las empresas del Estado español que superaron los límites previstos ascendieron a 131, frente a las 164 del año anterior. De ellas, el mayor riesgo de siniestralidad se produjo en Catalunya, con 31 empresas, seguida de Hego Euskal Herria, con 43 empresas y Galicia, con 19 más «que son las que afloraron más, mientras que a otras se les ha beneficiado con la ocultación», dijo CCOO.

Sin embargo, ha criticado la manera que la Seguridad Social ha llevado adelante el control de las empresas. «No sólo no contribuyen a mejorar la salud de los trabajadores, sino que institucionalizan el subregistro de las enfermedades profesionales» y «denuestan la labor de aquellas comunidades que más trabajan por aflorar todo tipo de patologías profesionales».

Advierte que «los datos ofrecidos por esta herramienta no son representativos de la realidad de las enfermedades profesionales, ya que no tienen en cuenta el principal problema: el subregistro de enfermedades que tiene su origen en la práctica habitual de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales rela- cionadas con el trabajo, considerándolas como enfermedades comunes y derivándolas al sistema público de salud».

La central sindical considera «absolutamente ineficaz» para la salud de los trabajadores la existencia de una herramienta que ofrece un panorama triunfalista de la situación». Por lo que exige de las administraciones públicas que «adopten políticas que permitan hacer visible lo invisible». Porque «no es admisible que las enfermedades se reduzcan así año a año».