Tras analizar los informes policiales, el Gobierno español ha llegado a la conclusión de que Sortu es un partido constituido por la izquierda abertzale. Para eso, en todo caso, no hacía falta molestar a ni un solo policía. Bastaba con ver la televisión o leer la prensa. De hecho, como figura en el informe de la Abogacía del Estado, los propios estatutos del nuevo partido recogen que son fruto de un «proceso de debate interno» que «ha realizado la izquierda abertzale». Por ese lado no han tenido que trabajar demasiado.

El trabajo viene a la hora de determinar si, como dicen también los estatutos, Sortu rompe con las fórmulas empleadas en el pasado por la izquierda abertzale y por las que el Tribunal Supremo ilegalizó a Batasuna. Y ahí es cuando la Abogacía del Estado empieza a patinar.

Dice en su demanda que «si son la Izquierda Abertzale/Batasuna reconvertida a la no violencia y al repudio del terrorismo, ningún problema habría para que sus más conocidos representantes (quizás excluyendo a los que se encuentran en prisión por su apoyo al terrorismo) promoviesen, constituyesen y presentasen el partido, mas el reflejo de anteriores intentos de fraude hace que, como es usual, se acuda a personas que al menos abiertamente no presenten excesivos o al menos no muy visibles vínculos con los partidos ilegalizados».

Ésa podría ser una línea de argumentación. Endeble, casi sicoanalítica, pero una línea al menos. Sin embargo, la propia Abogacía corre a cargársela cuando, a párrafo seguido, dice que «en los actos de presentación pública» de la nueva formación «ha intervenido un nutrido grupo de personas como apoyo a los promotores, a modo de presentadores o promotores materiales del partido» que sí son los que denomina como «sus más conocidos representantes». Y cita a Rufi Etxeberria, Iñigo Iruin y otros ex mahaikides que asistieron al acto del Euskalduna.

¿En qué quedamos entonces? ¿Es un intento de fraude porque no hay caras conocidas o porque sí las hay? Lo uno o lo otro.

Por cierto, la Abogacía del Estado se hace otro enorme lío con el acto del 7 de febrero en el Euskalduna en el que Etxeberria e Iruin presentaron las bases del nuevo partido. Habla de que, de las personas que «arroparon a los dos ponentes», 19 han tenido cargos en HB, 7 han sido cargos electos, 15 candidatos, 3 han formado parte de «algunas estructuras de ETA»... Pero no menciona cuántos eran parlamentarios del PNV, dirigentes de Aralar, cargos de EA, miembros de EB, sindicalistas de ELA, directivos de medios de comunicación, jueces, etc.

Y, lo más importante, olvida que esas personas no estaban arropando a nadie, sino que habían sido invitadas por escrito a un acto que había organizado Lokarri. Es decir, formaban parte del público.

Tampoco parece que el Gobierno sepa muy bien qué hacer para refutar la evidencia de que Sortu rechaza la violencia de ETA. Según aduce, esto no demuestra nada porque «ETA no se ha disuelto» y luego habla largamente de los comunicados de la organización armada hasta concluir que «con lo anterior quiere decirse que el intento de constitución de un nuevo partido forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal». ¿Alguna prueba?¿Algún escrito? Nada. Sólo que en algo más de un mes se han sucedido el comunicado de alto el fuego, la presentación de Sortu y la reunión en Bilbo del Grupo Internacional de Contacto.

La Abogacía también afirma categórica que «el rechazo estatutario del terrorismo es cosmético, retórico e instrumental, no real». Y para intentar demostrarlo divaga sobre que ETA ha solido tomarse muy mal las deserciones y las escisiones -y ahí mezcla desde la muerte de Yoyes hasta las críticas a Aralar- y sobre Sortu todavía no ha dicho nada, lo que interpreta como «complacencia de ETA» con este «(aparente) distanciamiento».

El Gobierno acusa a la izquierda abertzale de no haber rechazado acciones de ETA cuando ya tenía avanzado su proceso de debate y para ello no duda en recortar y manipular el comunicado que hizo público cuando se conoció la muerte del gendarme Jean-Serge Nérin. No recoge que la izquierda abertzale insistió entonces en que el proceso debe llevarse adelante «por medios políticos y democráticos», y le pidió a ETA que «debería ratificarse en su posición favorable al desarrollo de un Proceso Democrático» y «tomar compromisos claros y concretos respecto a dicho proceso». También ignora interesadamente que días después le instó a «responder de forma constructiva a la Declaración de Bruselas», en la que se le pedía «un alto el fuego permanente y completamente verificable».

Surrealista resulta la conclusión que la Abogacía saca de unas declaraciones de quien presenta como representante de Sortu en Eibar. Según se emitió en la Cadena Ser anteayer, le preguntaron cómo valoraba las detenciones de la víspera en Bilbo y su respuesta fue: «Bueno, yo analista política no soy, pero bueno, se supone que, si han descubierto algo, pues su labor.... su eso es hacer las detenciones, ¿no? No sé pues... qué van a hacer». Según el informe, «la conclusión que se saca de la respuesta es obvia». ¿Que dice que ésa es la labor de las FSE? No. Que «Sortu y sus representantes y promotores son incapaces de condenar una actuación de ETA como es el almacenamiento de explosivos y una cadena de asesinatos». Y todo ello sin que los detenidos hayan pasado todavía ante el juez.

Capítulo aparte merecen las llamadas «conexiones directas de Sortu con ETA» que son, entre otras: que un encarcelado por pertenencia a Ekin le dice a su padre, uno de los promotores de Sortu, la frase «les tenemos donde queríamos». Que otra de las integrantes del grupo aparece, en papeles intervenidos a Ibon Fernández Iradi, Susper, como alguien de nombre encriptado a quien se le podía proponer entrar en ETA, incluso para «dar caña». Ella lo ha desmentido y hay un dato muy claro a su favor: la documentación es de 2003, desde entonces se ha detenido a mucha gente que figuraba en esos papeles, y ella sigue libre. Otra supuesta «conexión directa» es que un tercer promotor es cotitular de una cuenta donde profesores de la UPV ingresaban dinero para procesados en el 18/98.

Con estos mimbres, el Tribunal Supremo podrá dictar una ilegalización por criterios de conveniencia política, pero nunca una sentencia basada en el derecho. Hay antecedentes.