Espero que nadie perciba ánimo de injuriar en este comentario pero, si sucediera así, tampoco me sorprendería. Patxi Zabaleta volvió a hablar el jueves a través de las ondas de Radio Euskadi sobre la izquierda abertzale. Esto tampoco me resulta sorprendente, más teniendo en cuenta que el líder de Aralar siempre puede argumentar que responde a lo que se le pregunta. No obstante, ya resulta cansino que, en las jornadas en las que la izquierda abertzale centra el interés informativo, la citada emisora pública elija a un representante de Aralar para analizar el tema de actualidad y que esta formación se preste a ello, ofreciendo de esta manera -sea ésa su voluntad o no- la imagen de «contra-portavoz» de la opción política a la que la dirección de EITB pretende mantener silenciada.

Centrémonos en la noticia del jueves: la presentación por parte del Ministerio de Interior, a través de la Abogacía del Estado, de la demanda de ilegalización de Sortu. Vaya por delante que Zabaleta mantuvo su oposición a la estrategia del Estado y defendió el derecho de la izquierda abertzale a concurrir a las próximas elecciones en igualdad de condiciones con el resto de opciones políticas. También se mostró convencido de que el Tribunal Supremo aceptará las impugnaciones de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado, y que el Constitucional resolverá finalmente a favor de Sortu. Ésta es una tesis muy extendida desde que el 7 de febrero se presentaran los estatutos del nuevo partido. Para no dejar ningún resquicio a la sorpresa, Zabaleta también colocó el habitual «pero» sobre las espaldas de la izquierda abertzale; dijo que no entiende por qué «no se presentaron los estatutos en octubre ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero».

Otra vez a vueltas con el calendario, el reloj y el cronómetro. Y hasta la jornada electoral en cuestión aún veremos transcurrir marzo, abril y veintiún días de mayo. Un tiempo que debe utilizarse para seguir construyendo un escenario democrático en Euskal Herria sin permitir que las deliberaciones de los tribunales de Madrid marquen el ritmo.