El estado del bienestar oficializado en gran parte de Europa occidental a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se ha puesto en entredicho en todo el continente. Y en el Estado español se está haciendo, además, cuando apenas habían empezado a notarse los beneficios de esa «combinación especial de capitalismo, democracia y bienestar social», ese sistema de derechos y garantías sociales que en pura teoría al menos compondría el estado del bienestar. Por esa razón, la debilidad del tejido social desemboca en altísimos incrementos del paro, aumento de las bolsas de marginación y pobreza, y una precariedad que amenaza continuamente la mera supervivencia de miles de personas. Y todo ello se está haciendo a golpe de decreto, de reforma, a manos del PSOE y de las dos formaciones sindicales mayoritarias en el conjunto del Estado, algo que desgraciadamente ya no constituye una paradoja para nadie.

Los derechos sociales, la regulación de las condiciones laborales, la constitución de un sistema de garantías para la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, se fueron consiguiendo en los distintos países europeos de forma paralela a los procesos de industrialización, y sólo gracias a lo que ya desde el siglo XIX empezaba a conocerse como la cuestión social, esto es, la toma de conciencia de la nueva clase proletaria, las luchas por mejorar sus condiciones de trabajo y vida. Y ahora, de un solo plumazo, todas esas conquistas están en proceso de quiebra. Muchas de ellas han sido ya rebajadas, muchas otras se quieren cortar de raíz.

Reforma laboral, reforma de las pensiones y reforma de la negociación colectiva son los tres jalones de este camino de destrucción de los derechos y garantías para la población que vive de las rentas de su trabajo y quienes en uno u otro momento, por una u otra razón, dependen de las políticas sociales para sobrevivir. No son, sin embargo, medidas nuevas las que se establecen en esas reformas fruto del «diálogo social» entre patronal, gobierno estatal y las centrales CCOO y UGT. Más bien parece la oficialización de los pasos que se vienen dando en los últimos meses/años en el día a día de las relaciones laborales, de las políticas sociales o las dinámicas de privatización de los servicios públicos que están impulsando las instituciones en nuestro entorno.

Pero tal vez lo más curioso sea ver cómo los responsables de gobiernos como el de la CAV o de la Diputación Foral de Araba, por poner dos ejemplos, son capaces de proclamar una teoría y actuar de forma absolutamente contraria en la práctica, sin por ello perder la sonrisa «profidén» del cartel electoral. Se trata de una dualidad que nos condena a una situación cercana a la esquizofrenia. Porque, aun compartiendo sin duda alguna el objetivo de ligar las ayudas sociales al empleo y la formación, no se puede entender que la primera actuación en ese sentido sea amenazar con retirar las ayudas sociales a quienes no estén inscritos en las oficinas de empleo. Siendo conscientes de que el camino hacia la plena integración en el mercado laboral se hace andando, esto es, trabajando, es inaceptable que planes como el Euskadi 99 acaben convirtiéndose en un coladero por el que desaparecen empleos estables a cambio de eventuales sin garantía alguna de continuidad, suponiendo un auténtico chollo para las empresas contratantes. Aplaudiendo las palabras de aliento a la lucha por la desaparición de las discriminaciones de género, no hay otro remedio que repudiar la práctica de privatizar y vaciar de presupuesto y carácter de servicio público esencial hacia sectores tan feminizados como el de la ayuda a domicilio.

Estos días, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, y más en un año en el que se celebran elecciones locales y forales, los discursos oficiales suenan utópicos (en el buen sentido de la palabra), ideales, bienintencionados. Pero la práctica, los hechos, hablan por ellos. Es como el ying y el yang, la luz y la oscuridad, es decir, la dualidad de los opuestos. Lo que dicen y lo que hacen. Los mensajes con los que sonríen en los actos protocolarios y en los mítines, y la cadena de ataques a la calidad de vida y a los derechos de las miles de personas que están fuera del mercado laboral no por propia voluntad, sino por la falta de empleo y de alternativas, configurando cada vez mayores bolsas de desempleo; del cada vez mayor número de personas que reciben las ayudas sociales por no tener un salario o porque éste no es suficiente para hacer frente a sus necesidades básicas; de las mujeres que malviven de su trabajo en sectores que corren peligro de desaparición paralelamente al desmantelamiento del estado del bienestar.