La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto Ley, aprobado por el Gobierno español el pasado 18 de febrero, sobre el reforzamiento del sistema financiero al que ha tenido acceso GARA. En el mismo, se reclama que se paralice su entrada en vigor porque se considera que «se han vulnerado» el derecho a la competencia y los derechos laborales de los trabajadores y de los impositores, según firma el vicepresidente de CIC, Gonzalo Postigo, con el apoyo directo de Jordi Oller, secretario general de esa confederación. Ambos reconocen también que esa operación «elimina de facto» las competencias de las comunidades autonómicas, los ayuntamientos y las diputaciones sobre las entidades de crédito.

Esta reforma tiene un fin sencillo, a juicio de esa Confederación Intersindical, dirigido hacia «una privatización del sistema de cajas» y considera «indignante» que se entregue a la banca «la historia y el patrimonio de las cajas». A juicio de esa organización, el decreto de capitalización pone a las cajas «en una clara desventaja a favor de la banca», que será la gran beneficiada de este proceso. Esta denuncia pone en entredicho la actuación llevada adelante por el Gobierno español y, sobre todo, deja en entredicho la actuación del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, dado que tras entrevistarse con los máximos responsables de los bancos españoles, éstos le instaron a iniciar una reforma en el entorno de las cajas de ahorros.

En este caso, CIC reclama a la Comisión de la Competencia que intervenga ante esta situación porque «se está poniendo en clara desventaja a las cajas en favor de la banca». Porque a las cajas se les exige un 10% de capital básico («core capital»), el que mide la situación de solvencia de la entidad, mientras que a los bancos se les permite llegar al 8%. «La exigencia de unos requisitos de capital muy por encima de lo estipulado en el Acuerdo de Basilea III coloca al sector financiero español -en particular a las cajas- en una posición de clara desventaja frente a la banca europea e internacional que opera en el Estado español», por lo que la confederación intersindical sostiene que «se vulneran de modo flagrante los principios fundamentales del Derecho Comunitario y del libre mercado en la UE, y también los del Derecho de la Competencia».

En este caso, las diferentes operaciones de compra del BBVA y del Santander situarán ese capital de solvencia en torno al 8,6%, por lo que ya se han escuchado voces de expertos en los que indican que se debería exigir más. Sin embargo, eso supondría, siguiendo el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero, la nacionalización de las entidades, para después ir desprendiéndose de las mismas según se va devolviendo la cantidad intervenida.

Supervisión y obra social

En el recurso ante el Supremo de la Confederación Intersindical de Cajas se plantean una serie de deficiencias importantes. Por una parte, que no se les ha dado audiencia al ser «el sindicato más representativo» en el ámbito estatal. También se ha vulnerado el principio de igualdad al exigir diferentes requisitos, porque a las cajas se les piden más condicionantes que a los bancos. «Se vulnera el principio de igualdad de las comunidades autonómicas con el Estado, porque se les hurta de importantes competencias económicas». Pero, otro elemento importante que destaca CIC, es que «afecta a los derechos de los trabajadores de las cajas porque se precariza su situación laboral».

También que «en cuanto a los consumidores y a la Obra Social, pasan con ese nuevo decreto a formar parte secundaria de este nuevo escenario financiero, al bancarizarse de forma obligatoria las cajas de ahorro». Por último, CIC sostiene que «los mecanismos de supervisión y control sobre las cajas de ahorro han sido claramente insuficientes» y denuncia que «ni se ha aprobado ningún código con carácter obligatorio», pero «se ha producido una reducción de las sanciones por negligencia a un nivel prácticamente simbólico».

Culpan, por otro lado, al Banco de España de «no haber asumido ninguna responsabilidad, ante su demostrada ineficiencia en el control y supervisión».